La directora de Contractació asegura no le consta ningún expediente administrativo relacionado con el 1-O
Mercè Corretja recuerda que con el control estatal de septiembre del 2015 las cuentas de la Generalitat quedaron «bloqueadas»
La directora de Contratación de la Generalitat, Mercè Corretja, declarando en el Supremo.
La directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, ha asegurado este lunes que no le consta ningún expediente administrativo de contratación relacionado con el 1-O. En su declaración en el Supremo, ha dicho que ni le constaron en su día ni con posterioridad haciendo búsquedas en registros públicos. «No hemos encontrado absolutamente nada», ha asegurado. La directora general ha explicado que el acuerdo de Govern del 6 de septiembre que asumía de forma «colegiada» la contratación y la aprobación de gasto relacionada con el referéndum no tuvo «ningún efecto práctico» y, por tiempo, era «materialmente imposible». Corretja ha recordado el control que había por parte del Estado, que incluso provocó un bloqueo de las cuentas de la Generalitat en septiembre del 2017 durante unos días.
A preguntas del abogado Francesc Homs, Corretja ha explicado el procedimiento interno de la Generalitat para hacer un contrato, qué controles se hacen y como se hace la publicidad. «No es posible saltarse ningún trámite, todo está pautado y todo queda absolutamente registrado», ha asegurado, añadiendo que en el proceso intervienen más de una decena de personas y varios organismos de control. «Hay muchos controles, muchos funcionarios, si hubiera un cambio de objeto, un órgano de control se daría cuenta de ello y el informe jurídico no sería favorable», ha remarcado en la fiscalía.
Corretja ha respondido a Homs que «en absoluto» tuvo conocimiento de algún expediente administrativo de contratación relacionado con el 1-O. «Tampoco con posterioridad, hemos hecho diferentes búsquedas en registros públicos de contratos para ver si había algún contrato relacionado y nada», ha dicho, «me han dirigido preguntas parlamentarias, hemos hecho muchas búsquedas diferentes y no hemos encontrado absolutamente nada».
El abogado de Carles Mundó, Josep Riba, ha preguntado a la testigos sobre el acuerdo de Govern del 6 de septiembre según el cual el ejecutivo asumía de forma colegiada la contratación y aprobaciones de gasto relacionadas con el 1-O. Según la directora general, no tuvo «ningún efecto práctico» en materia de contratación. «Era material imposible hacer cualquier contrato en este espacio de tiempo, y el Govern de la Generalitat no tiene los recursos materiales, técnicos y económicos necesarios para llevar a cabo una contratación de esta envergadura», ha añadido. Según Corretja, hace falta un plazo de entre 5 y 6 meses «como mínimo» para formalizar un contrato y ejecutarlo.
De hecho, ha remarcado que el Govern «no es un órgano de contratación en tanto que órgano colegiado» y que son «sus miembros» los que son órganos de contratación «individualmente», y que el ejecutivo «no tiene asignación presupuestaria para hacer contratos». Corretja ha añadido que es «lógico» que el secretario del Govern emitiera una certificación afirmando que nunca se llegó a ejecutar en ningún término este acuerdo, a pesar de desconocer si existe.
Control estatal
La directora general de Contractació Pública ha recordado que la comisión delegada de asuntos económicos del Estado aprobó el 15 de septiembre un acuerdo de no disponibilidad de crédito y que se introdujeron «trámites nuevos en los procedimientos de contratación», con la necesidad de un permiso previo del gobierno español e incluir un informe asegurando que aquella actividad «no era ilegal ni inconstitucional».
Corretja ha asegurado que estas indicaciones se siguieron «punto por punto» y ha explicado que las cuentas de la Generalitat quedaron «bloqueadas automáticamente» durante unos días aquel septiembre hasta que se hicieron unas modificaciones en unos trámites que pidió el gobierno español.
Unipost, una nota de entrega «falsa»
Con respecto al contrato de Unipost, Corretja ha recordado que la empresa tenía un contrato marco con la Generalitat desde el 2015 que acababa en marzo del 2017, pero que se prorrogó hasta finales de septiembre para la tramitación de un nuevo acuerdo marco, a pesar de admitir que había «dudas» y «quejas» de algunos departamentos sobre la calidad de su servicio.
La directora general ha especificado que la ejecución del acuerdo marco se activaba a través de una nota de entrega, sin la cual no se podía activar la prestación de un servicio. A respuestas de la fiscalía, ha asegurado que «una nota de entrega no puede ser un cuadro excel», en referencia al documento que se encontró a un responsable de zona de Unipost. Así, ha remarcado que nota de entrega «tiene unas características, está numerado», y que se rechazó una factura en la empresa de mensajería porque «formalmente no cumplía los requisitos necesarios». «Era una nota falsa, para decirlo de alguna manera», ha concluido.
Cesión de locales
Sobre la cesión de locales, la directora general ha remarcado que «nunca se contrata un equipamiento público en terceros», sino que hay una «tasa o precio público» y, en algunos casos, se hace una «cesión gratuita». Además, ha remarcado que el Govern no puede percibir una tasa si no hay antes un precio público regulado.