Corominas y Simó defienden que todas las decisiones de la Mesa del Parlament se ajustaron al reglamento

Dos exmiembros de la Mesa del Parlament con Carme Forcadell –Lluís Corominas y Anna Simó, investigados por desobediencia al TSJC- han defendido en el Supremo que todas las resoluciones que pasaron por la Mesa se ajustaron al reglamento y que tenían que tramitarlas sin entrar en el fondo o valorar si podían ser anticonstitucionales. En más, han argumentado que la actuación de Forcadell «fue igual» que la del resto de miembros, que no les dio ninguna indicación de lo que tenían que hacer y que nunca usara el voto de calidad de la presidencia. Por su parte, Simó ha remarcado que en una reunión de la Mesa defendió que las propuestas de resolución del 27 de octubre (donde estaba la declaración de independencia) «no tendrían efectos jurídicos», tal como les había comunicado a los letrados del Parlament. Corominas no ha completado el interrogatorio porque su letrado, Xavier Melero, consideraba que podían depurar responsabilidades» sobre su actuación.

Este martes han declarado, finalmente, solo dos de los exmiembros de la Mesa que había propuesto la defensa de Forcadell: Lluís Corominas y Anna Simó (que están investigados en el TSJC y ya no son diputados) y, en cambio, Lluís Guinó (diputado en el Parlament) y Joan Josep Nuet (en el Congreso) han remitido un escrito comunicando que no declararían por estar también investigados en la misma causa en Barcelona.

La actuación de Forcadell, «igual»que el resto

Lluís Corominas ha defendido que la actuación de Forcadell fue «igual»que el resto de miembros de la Mesa y que no les dio ninguna indicación del que tenían que hacer. «Siempre tomábamos las decisiones por criterio propio», ha dicho. Al contrario, ha dicho que a primeros del mandato la ayudaron porqué algunos de los miembros tenían «más experiencia que ella». También ha dejado claro que no usó nunca el voto de calidad y que tenían que permitir tramitar iniciativas sin entrar a valorar el fondo o si eran anticonstitucionales y que solo tenían que comprobar aspectos «formales».

Preguntado sobre si acató las advertencias que le hizo el TC a él y el resto de miembros de la Mesa, ha dicho que no les «concernía»la notificación y la alegaron. «Entendíamos que no nos concernía la notificación porque conforme el artículo 37 del reglamento del Parlament podíamos revisar los requisitos formales, analizar los requisitos adicionales en función de la iniciativa y excepcionalmente en las ILP entrar a valorar el fondo», ha dicho. Según Corominas, fuera de estos casos la función de la Mesa no puede ser «impedir o limitar el derecho a participación, sino al contrario, ampararlo». «No éramos competentes en lo que se nos requería por parte del TC», ha valorado.

Corominas no acaba el interrogatorio

El que fue vicepresidente de la Mesa con Forcadell, Lluís Corominas, no ha completado el interrogatorio como testigo puesto que está investigado por desobediencia al TSJC (pendiente de juicio) y su letrado, Xavier Melero, le ha recomendado no seguir respondiendo a la fiscalía porque consideraba que sus preguntas estaban «depurando responsabilidades»sobre su actuación. Después de un receso, Corominas ha decidido no seguir contestando ni a la Fiscalía ni al resto de acusaciones que lo tenían que interrogar.

Resoluciones del 27-O sin «efectos jurídicos»

Por su parte, Simó ha explicado que en una reunión de la Mesa hizo constar que las propuestas de resolución que se iban a votar el 27 de octubre no tendrían efectos jurídicos y que solo se votaría la parte dispositiva. «Una portavoz insistió en decir lo contrario y opté por aclararlo, que es que lo que habían dicho anteriormente los letrados»,ha dicho Simó, que a preguntas de la abogada de Forcadell ha aclarado que no se trataba de la expresidenta de la cámara. Simó ha insistido que el secretario general hizo que constara en el acta que los preámbulos «no eran objetos de votación ni se incorporaban como parte de las resoluciones», y que el que leyó Forcadell fue el preámbulo.

Simó ha respondido a la fiscalía que recibió los requerimientos del TC y que recibieron también un informe del letrado mayor y del secretario general para no admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad. El exsecretària de la Mesa ha dicho que se admitieron y que se publicaron porque «así lo dice el reglamento». Y ha añadido que se admitieron las resoluciones del 27 de octubre porque «eran derivadas de un debate específico».

El exsecretària de la Mesa ha asegurado que actuó como miembro de la Mesa con «criterio propio»y que Forcadell no hizo uso del voto de calidad. La defensa de Forcadell le ha preguntado por varias decisiones tomadas por la Mesa durante el periodo que estuvo presidida por su clienta, como por ejemplo la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente, que Simó ha remarcado que se introdujo al Pleno «a petición de dos grupos parlamentarios»que pidieron una alteración del orden del día. De hecho, ha dicho que la Mesa se limitó a «tomar nota»de las conclusiones elaboradas por la comisión y que no tenían ninguna facultad para impedir que el Pleno alterara el orden del día.

El exsecretària de la Mesa ha defendido que el criterio que se sigue para admitir iniciativas parlamentarias es que cumplan los «requisitos formales que establece el reglamento», y que en las resoluciones de los debates de política general se analiza si son «congruentes»con el debate.

Simó también ha recordado que el 2011 se debatió al pleno una propuesta de declaración de independencia que había sido admitida por la Mesa, y ha respondido a la fiscalía que no se admitieron a trámites dunas iniciativas relacionadas con el derecho a la autodeterminación años atrás que eran dos «iniciativas legislativas populares».

Corominas y Simó han admitido que los dos estuvieron presentes el 4 de julio del 2017 a la presentación de la ley del referéndum que se hizo en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), junto con otros miembros de la Mesa, y Simó también el 9 de junio del 2017 a la presentación de la pregunta y la fecha del referéndum en el Palau de la Generalitat. Los dos han explicado que estuvieron presentes el 20-S en el Departamento de Economía. Simó ha explicado que vio un momento por la tarde Forcadell «saludando Junqueras y poco más», y que ella junto con otro miembro de la Mesa, Lluís Guinó, intervinieron al escenario. El exsecretària de la Mesa también ha dicho haber visto Joan Josep Nuet junto con otros diputados de Catalunya Sí que es Pot.

Declaran el secretario general y una letrada

El secretario general del Parlament (entre 26 octubre del 2015 y que cesó el 31 de octubre del 2016) y letrado del Parlament desde el 1989, Pere Sol, ha explicado que el reglamento recoge que se tienen que admitir por parte de la Mesa todas las iniciativas, a pesar de que tengan un contenido que pueda ser anticonstitucional. Y ha dicho que la única excepción para no admitir estas iniciativas es en caso de Iniciativas Legislativas Populares (ILP). En este caso, la ley que las regula en Cataluña obliga que, para pasar el trámite de la Mesa, sean sobre temas que son competencia de la Generalitat.

Ha reconocido que el TC lo advirtió el 1 de agosto y le pidió que se abstuviera de hacer ninguna iniciativa para facilitar la celebración del referéndum. Y ha alegado que remitió un escrito al tribunal porque consideraba que él tenía «una doble obligación»por tener que cumplir resoluciones de los tribunales y de sus «superiores jerárquicos». «No podía actuar más allá de mi propio cargo», ha dicho.

La abogada del Estado le ha preguntado por qué se sentía «incómodo»y pidió cesar. Ha dicho que había motivos familiares y de salud y también porque no le gustaban las tareas de gestión puesto que estaba acostumbrando a hacer «asesoramiento y estudio». Y que ya en enero había pedido a Puigdemont que quería cesar pero que no lo hizo ante la «inestabilidad»en el Parlament –después de no aprobar el presupuesto- y que lo hizo justo cuando planteó la cuestión de confianza.

Por su parte, la letrada del Parlament Mercè Arderiu ha asegurado que desde el 2016, cuando entró a la cámara, «en ningún caso se ha inadmitido ninguna resolución o escrito», tampoco para ser inconstitucionales como ha preguntado la defensa de Forcadell, y que en este periodo se entran a valorar «requisitos formales». «No es nada habitual entrar en el fondo del tema», ha añadido.

Arderiu ha añadido que a las actas de la mesa constan las «advertencias»hechas por el secretario general del Parlament y el letrado mayor en relación a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), y ha dicho que durante los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017 se pudieron expresar todos los grupos y que se admitieron «muchas»reconsideraciones.

También ha dicho que le consta que el 31 de julio, cuando JxSí y la CUP entraron la ley del referéndum al registro del Parlament, se dio «una copia a todos los grupos». Arderiu ha respondido a la abogacía del Estado que la ley oficialmente no se publicó hasta el día 6, cuando se admitió a trámite, pero que «internamente todos los grupos parlamentarios tienen conocimiento de lo que se presenta en el registro».