Cuatro peritas cifran en al menos 917.000 euros el dinero público gastado en el 1-O

Cuatro peritas han cifrado en al menos 917.648,39 euros, impuestos aparte, el dinero público gastado en la organización del referéndum del 1-O. Así lo han asegurado las expertas, todas ellas abogadas del Estado o altas funcionarias de la intervención del Estado, que han sido propuestas por la fiscalía y la abogacía del Estado en torno al delito de malversación de fondos públicos. Entre las cifras desglosadas por las peritas, está 176.000 euros para observadores o 119.000 para la contratación de The Hague Center for Strategic Studies. Además, una interventora del Estado ha asegurado que es «irrelevante» la distinción entre el gasto gastado y la comprometida pero no abonada que el mismo organismo hizo en un informe, porque «el gasto se entiende realizado independientemente que se haya hecho el pago».

El código penal establece penas de hasta ocho años por el delito de malversación de fondos públicos si la cantidad malversada supera los 250.000 euros. Este miércoles, las peritas llamadas por las acusaciones ya han cifrado el gasto en más de 900.000 euros a partir de la información que han analizado aportada por la interventora general de la Generalitat para elaborar un informe para el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O. A preguntas de la fiscalía, han asegurado que la interventora del Gobierno «nunca hizo ninguna advertencia» en relación a alguna «vinculación o gasto en relación al referéndum».

En cuanto a partidas concretas, las peritas han cifrado en 119.700 euros el dinero para la contratación de The Hague Center for Strategic Studies por parte de la delegación del Gobierno ante la Unión Europea (UE), o bien 176.000 euros para la «misión de observadores internacionales» del Diplocat. Las peritas han asegurado que fueron una docena de observadores, coordinados por Helena Catt, a quien se transfirieron «honorarios y dietas», que incluyen los viajes, en sus cuentas corrientes. Las expertas han vinculado este gasto al 1-O porque las conclusiones del documento que hicieron se titula «Análisis del contexto político de Cataluña ante el referéndum del 1 de octubre para la independencia de Cataluña».

También han explicado que, durante el 2017, se pagaron 10.700 euros durante 10 meses por el web Catalonia Votes, o 91.000 euros en la inserción de anuncios a diarios europeos para hacer publicidad de una conferencia en el Parlamento europeo a cargo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Distinción «irrelevante»

Las de las peritas de Hacienda ha dicho que compartía la argumentación del informe elaborado por la intervención general del Estado, a pesar de admitir «alguna diferencia con la cifra». La interventora ha explicado que al final de su informe hacía una distinción entre los gastos que pudo acreditar que se habían pagado y las que no. Pero ha añadido que es una «distinción irrelevante», puesto que el gasto «se entiende realizado» independientemente del pago. De hecho, a preguntas de la abogacía del Estado, han añadido que la obligación de pago no se anula aunque se interrumpa el servicio prestado.

Gastos que escapan al control de las finanzas

La fiscalía ha tenido especial interés en que las peritas explicaran cuáles eran los mecanismos de control que el Ministerio de Hacienda activó sobre las finanzas de la Generalitat en diferentes fases. Por eso, ha preguntado si, a pesar de estos controles, se pudieron hacer los gastos. Las peritas han asegurado que puedieron haber «perjuicios» al patrimonio público que se hayan hecho antes de la fase de máximo control por parte de Hacienda, que se puso en marcha a partir del 15 de septiembre del 2017.

De hecho, en su declaración como testigo en el juicio, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro defendió que el Gobierno ha podido cometer malversación porque podía «defraudar o engañar», a pesar del «control total» de las finanzas aplicado por el Estado desde septiembre del 2017.

Las defensas cuestionan la pericial

En la tónica general de las defensas, se han hecho preguntas para detallar cómo se había hecho el informe y las conclusiones del mismo y también demostrar si realmente hay relación directa entre las partidas mencionadas y la organización del referéndum.

Un ejemplo lo ha puesto el letrado Jordi Pina, que ha preguntado sobre la campaña de registros de catalanes en el exterior de marzo de 2017, meses antes de la convocatoria del referéndum que fue en julio. «¿Analizaron si en marzo del 2017 el Gobierno había hecho pública una pregunta y una fecha para un referéndum?», ha preguntado. Las expertas se han limitado a decir que solo analizan la documentación que les habían enviado fruto de los requerimientos a la intervención.

Así mismo, han reconocido que no han detectado ningún expediente de contratación de compra de urnas o papeletas. Y también ha preguntado sobre el hecho de por qué en el informe elaborado a petición del enjuiciado número 13 de Barcelona, la autora del informe –Mercedes Vega- no hacía referencia a Unipost. Ha explicado que toda la información estudiada se refería a «servicios habituales» y que cuando se pidió información sobre el envío de notificaciones para las mesas del 1-O ha dicho que «no se envía ninguna información al respeto».

Ha insistido en esto el letrado de Santi Vila, Juan Segarra, que ha preguntado qué criterio habían seguido para imputar la totalidad de la campaña al referéndum, cuando han admitido que había otras actividades que se promovían en esta campaña. «No era una sola campaña con anuncios diferentes, era un único anuncio donde se hablaba de diferentes servicios, también incluyendo la última pregunta que podía tener vinculación, se tiene que contemplar la cuantía completa», ha admitido una de las peritas.

Josep Riba (letrado de Carles Mundó) ha preguntado por qué ayudaron en informes de la Guardia Civil. «Son auxilios puntuales y concretos que son un deber de colaboración con la administración de Justicia a la que estamos todos los ciudadanos obligados», ha dicho una de las expertas, añadiendo que técnicos de Hacienda participaron para desvanecer dudas «muy técnicas».

Restan importancia a las facturas «proforma»

Durante el juicio, las defensas han explicado a través de varios testigos que en algunas de las partidas estudiadas por las acusaciones solo se habían emitido «facturas proforma» que, según la tesis de la defensa, solo son «presupuestos» y no conllevan que se haya comprometido gasto.

Pina ha preguntado qué importancia tiene que la Generalitat reciba una factura proforma y la experta que ha hecho el informe a petición del juzgado 13, Mercedes Vega, ha dicho que no es tan importante que el Gobierno la reciba a los efectos del que se analiza como el hecho de si se ha prestado o no el servicio. «Emitir la factura es una obligación del prestamista del servicio», ha dicho.

Sobre la discusión entre el Gobierno y la CCMA de quien tiene que pagar las facturas por el anuncio de las vías, también han restado importancia. «No es relevante para saber si ha habido o no perjuicio patrimonial la discusión sobre si lo tiene que pagar Presidencia o si lo tiene que asumir la corporación como actividad general», ha sentenciado.