La responsable de autorizar actividades lúdicas en centros públicos antes del 1-O defiende que se podían ceder espacios
Rosa Maria Sans dice que las peticiones cumplían los requisitos porque las hacían entidades sin ánimo de lucro
La jefa del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats de la Generalitat, Rosa Maria Sans, declarando en el Supremo.
La jefa del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats de la Generalitat, Rosa Maria Sans, ha defendido que la autorización que ella misma dio a 12 centros públicos (también hogares de ancianos) para hacer actividades lúdicas el fin de semana del 1-O se ceñía a los requisitos legales. Ha recordado que desde 1996, la Generalitat aprobó un decreto que dice que los equipamientos cívicos tienen que dar apoyo a las entidades y que se tienen que ceder espacios gratuitamente siempre que las actividades las hagan entidades sin ánimo de lucro y sean abiertas a la comunidad. Y ha remarcado que estos requisitos se cumplían en las peticiones que recibieron para aquellas fechas. Ha explicado también que pusieron un único requisito -siguiendo las recomendaciones de los Mossos- y pidieron que los centros estuvieran vacíos a las seis de la mañana del 1-O. «Y se cumplió porque ninguno de nuestros conserjes nos avisó de que se estuvieran produciendo votaciones», ha dicho.
A preguntas del letrado de la exconsellera Dolors Bassa, Mariano Bergés, la responsable de autorizar las actividades lúdicas ha explicado al tribunal que anualmente se hacen 9.000 cesiones de espacios a 1.000 entidades diferentes, y que 520 son fuera del horario del centro. Por lo tanto, ha querido demostrar que el hecho que las horas previas al 1-O se hicieran actividades en estos centros no era una excepción.
También ha remarcado que no se les dio desde el Departament de Treball, Assumptes Socials i Família ninguna instrucción sobre el 1-O y que las peticiones que recibieron las autorizó porque cumplían los requisitos. Y ha recordado que en la Ley de tasas de la Generalitat ya se establece que no se cobra nada para estos casos de casales públicos o de personas mayores. Una afirmación, pues, que busca exculpar a Bassa de la supuesta malversación por haber cedido estos espacios.
Y ha reconocido que el día 29 de septiembre recibieron en todos los centros cívicos una circular que provenía del servicio de gestión administrativa del departamento que les recordaba que tenían que cumplir «con las instrucciones de la autoridad judicial».
A preguntas de la fiscalía, ha dicho que no tenían por qué «desconfía» de las peticiones de actividades que les hacían las entidades porque muchas «habían colaborado anteriormente con los equipamientos».
Defiende el papel de Bassa en la huelga del 3-O
El director general de relaciones laborales y calidad en Treball, Enric Vinaixa, ha justificado que el departamento no puede no admitir a trámite una convocatoria por razones de fondo y que, en todo caso, siempre tiene que decretar unos servicios mínimos. Ha remarcado que la huelga del 3 de octubre de 2017 la convocaron cuatro sindicatos por motivos laborales en relación a la reforma laboral del 2012 o el impacto de los recortes al servicio público. «El contenido de la petición tenía relación a la denuncia de derecho laboral», ha respondido al fiscal Jaime Moreno que le preguntaba si tenía alguna relación con el 1-O.
También ha recordado que se aplicaron los nombrados «acuerdos en frío» para marcar los servicios mínimos, que derivaban de los acuerdos de sindicatos y patronal cuando hay «paz social». Se aplican directamente los que se han consensuado antes. Vinaixa ha dicho que no se impugnaron en ningún momento.
A preguntas de la fiscalía, ha dicho que no recuerda si desde el Departament de Treball se hizo un comunicado adhiriéndose a la huelga y diciendo que no se computaría a los trabajadores las horas que se ausentaran de su lugar de trabajo.