Una experta en gramática dice que está mal traducido un informe de los Mossos que decía que el 1-O «se tiene que celebrar»

La presidenta de la Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Gemma Rigau, ha afirmado que la traducción al castellano de un informe de la Comisaría General de Información que hacía referencia al referéndum está mal hecha. A petición de la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, ha comparecido como perita lingüística y ha explicado que en un apartado se traduce la expresión «el 1 de octubre del 2017 el referéndum se tiene que celebrar» y que, en castellano, se tradujo como «El 1 de octubre de 2017 el referéndum se tiene que celebrar». Según Rigau, esta traducción no es correcto por el contexto donde se hace y porque es «literal». «Pierde el sentido de futuro y adquiere el de obligación», ha concluido. Según ha dicho, en catalán la perífrasis «haber de» también tiene un sentido de futuro, que en castellano no existe. Y concluye que la traducción correcta tendría que ser «el 1 de octubre de 2017 se va a celebrar o se celebrará el referéndum».

Esta tarde también han testificado dos peritos informáticos -José Navarro y Rubén Pujol- citados por las defensas de Jordi Cuixart y Dolors Bassa. En primer lugar, han explicado que es «errónea» la conclusión de un informe de la Guardia Civil donde se vincula el CTTII (que depende de la Generalitat) y Òmnium Cultural y hablaba de gestión conjunta de la web 'pactepelreferendum.cat'.

Según han sostenido, el hecho de que aparezca una única conexión a través de la misma IP tanto de Òmnium como del CTTI se explica por el hecho de que la hizo el proveedor del servicio de los dos (CDmon). Los peritos han dicho que el proveedor puede conectarse al portal para «asistir a los clientes en los trámites». Pero de hecho en este caso ha explicado que fue la Guardia Civil la que «motivó el error» porque la conexión desde la misma IP de Òmnium se hizo justo al día siguiente de un requerimiento de la Guardia Civil en CDmon para que accediera al panel de control de la entidad. «Eso les hace concluir erróneamente que la gestión es compartida», han afirmado.

Con respecto a la citación de la defensa de Bassa, los dos peritos informáticos han ratificado que los correos electrónicos enviados desde cuentas del Departament de Treball son «auténticos». Se trata, por una parte, de unos correos enviados el 29 de septiembre del 2017 recordando a los centros cívicos la obligación de cumplir con el establecido por la autoridad judicial en relación al 1-O y que «se envió además de un centenar de direcciones de responsables de centros de la Generalitat en copia oculta». De la otra, las respuestas a una docena de peticiones de centros cívicos que solicitaron disponer la noche del 30 de septiembre, y que incluía la autorización con «limitación horaria hasta las seis de la mañana», según ha dicho la defensa de Bassa. Los peritos han certificado que tanto la fecha de creación como el envío y el contenido son «auténticos e íntegros», y que no ha sufrido «cambios de contenido».