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Los letrados del Senado avalan la suspensión de Romeva en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El informe de los servicios jurídicos de la cámara alta determina que «resulta indudable» que el artículo 384bis es aplicable al caso del senador de ERC

Plano general de la reunión de la Mesa del Senado este 29 de mayo.

Plano general de la reunión de la Mesa del Senado este 29 de mayo.ACN

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Los letrados del Senado han avalado la suspensión del senador de ERC Raül Romeva en base al artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El informe de los servicios jurídicos de la cámara alta, en el cual ha tenido acceso la ACN, determina que «resulta indudable» que la Mesa del Senado puede suspender automáticamente Romeva, tal como hizo el Congreso con los diputados presos. Los letrados argumentan que la Mesa presidida por el socialista Manuel Cruz es «competente» para dar efectividad a la suspensión de forma inmediata. El informe dice que corresponde a la Mesa determinar los efectos de la suspensión pero apunta que «parece que tiene que tener un carácter indefinido» hasta que cambie la situación de Romeva, y el artículo de la LECrim, que determina la suspensión en el supuesto de que un parlamentario esté en prisión preventiva, deje de ser aplicable. Los letrados también aseguran que «no «procede» suspender Romeva en base al artículo 22.6 del reglamento del Senado.

La Mesa del Senado está reunida desde las 12 horas de este miércoles con este informe sobre la mesa para decidir sobre la suspensión. Está formada por cuatro miembros del PSOE, que tienen mayoría absoluta, dos del PP y uno del PNV.

El artículo 384bis de la LECrim establece la suspensión de los diputados una vez sea firme el auto de procesamiento y se haya decretado la prisión provisional por un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. En este caso «el procesado que estuviera ostentando una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de este mientras dure la situación de prisión».

Es lo que utilizó el viernes el Congreso para suspender a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull y lo que utilizó al juez Pablo Llarena para suspender los diputados en el Parlament el julio pasado.

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