La defensa de Sànchez, Rull y Turull pide en el Supremo la absolución y alerta de la vulneración de derechos fundamentales
Las conclusiones confirman que los hechos no fueron delictivos y que los acusados actuaron en el ejercicio de sus derechos
Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, durante la primera jornada del juicio del 1-O
El abogado defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo los escritos de conclusiones definitivas, que confirman las provisionales y piden la absolución de sus tres clientes. En las decenas de páginas de cada escrito se hace un relato de los hechos, que no se consideran delictivos, y se asegura de que realizaron estos actos en ejercicio de varios derechos fundamentales como la libertad ideológica y de expresión, el derecho de manifestación o la libertad política. Por eso, alerta de que si son condenados, se vulnerarán estos derechos, y la defensa ya adelanta que acudirá al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, para defenderlos.
Los hechos relatados se remontan a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto, el 2010, con manifestaciones, elecciones diversas, declaraciones políticas, hasta llegar a septiembre del 2017. En todo caso, ninguno de los hechos, dice el abogado, podría suponer un delito de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos u organización criminal. De hecho, reitera que no hubo violencia generalizada ni organizada aquellos días, excepto puntualmente dos coches de la Guardia Civil dañados y alguno otro pequeño incidente. Además, los tres dirigentes hicieron llamamientos a la actitud pacífica, dicen los escritos.
De Jordi Sànchez el escrito relata la historia de laANC, sus manifestaciones y, sobre todo su participación en la concentración del 20-S ante Economia, donde hizo constantes llamamientos a la no-violencia, además de recordar que no intervino en ninguna decisión política o administrativa.
Sobre JordiTurull, dice que no tuvo casi ninguna intervención como consejero de Presidència y que colaboró con la justicia y la policía en los registros y control delCTTI. De hecho, dice que la activación del censo universal para votar el 1-O se hizo para evitar enfrentamientos entre la policía y los votantes, y que en todo momento el Gobierno pensó que la actuación de las fuerzas policiales sería proporcionada y la votación sería similar a la del 9-N del 2014. Sobre las campañas publicitarias, las primeras se contrataron cuandoTurullno era consejero, y las últimas se emitieron gratuitamente en los medios públicos, según el letrado. También desconocía ningún encargo aUnipostpara repartir documentación electoral que, recuerda, no se llegó a enviar.
Respeto Josep Rull, exconseller de Territori, dice que se tuvo que denegar el atraco de un barco para alojar policías en el Puerto de Palamós porque no cabía aquellos días.
En los escritos también se repasan las principales vulneraciones de derechos que se han cometido, según su parecer, durante el proceso judicial y el juicio mismo, como la competencia del Supremo, el encarcelamiento, la inadmisión de pruebas, la denegación de la traducción simultánea para declarar, y sobre todo la prohibición de confrontar los videos con las declaraciones de los policías y guardias civiles, así como la limitación de algunas preguntas por parte del presidente del tribunal, ManuelMarchena. También critica aMarchenaque hiciera al mayor de los Mossos, Josep LluísTrapero, una pregunta que había vetado hacer al fiscal, o que no recriminara cierta desmemoria a algunos testigos de las acusaciones, pero sí a los de las defensas.