Judicial
La fiscalía sostiene que se desviaron 3 MEUR para pagar el 1-O y habla de «coautoría conjunta» del miembros del Govern
Madrigal considera una «evidencia escandalosa del control de la adminsitración» que la Generalitat no se persone como «perjudicada»
La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a la apertura del año judicial.
La fiscal Consuelo Madrigal ha situado en torno a los 3 MEUR el dinero que se habría desviado de fondos públicos para pagar el 1-O y ha dicho que la responsabilidad tiene que recaer en todos los miembros del Govern por ser «coautores conjuntos» de los hechos. En la fase de informes finales, considera que cada uno de ellos ha hecho una «aportación esencial». «Aunque materialmente se ejecutaran por cada departamento, todos los miembros son responsables últimos y máximos de cada acción de distracción de fondo públicos», argumenta a la fiscal. Además, subraya que la Generalitat ha sido «perjudicada» por el desvío de los fondos públicos y critica de lo que se haya personado al procedimiento. Según Madrigal, este hecho es una «evidencia escandalosa del control que el entorno de los acusados sigue ejerciendo sobre la administración catalana».
En el informe final, Madrigal ha defendido que existió desvío de fondos públicos para pagar el referéndum y ha repasado las principales partidas destinadas, según la fiscalía, a pagar el encargo a Unipost (casi 1 MEUR), la presencia «de observadores internacionales», la cartelería del referéndum, las páginas web o el valor de los edificios usados para las votaciones el 1-O.
Según Madrigal, los encargos que se hicieron fueron «clandestinos e irregulares» pero eso no «exime» de indemnizar a los contratistas. Y ha citado el artículo 177 de la Ley presupuestaria, que dice que también hay responsabilidad patrimonial cuando se liquidan obligaciones al margen de la ley. Por lo tanto, no acepta las tesis de testigos aportados por las defensas que aseguran que no hay perjuicios y que la administración no tiene que atender encargos al margen de la contratación legalmente establecida.
Además, ha explicado que hacen una diferenciación entre los encausados. En el caso de Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, los acusan por un delito de malversación porque creen que las acciones están mucho por encima de los 250.000 euros que marca la ley. Para el resto de exmiembros del Govern en la prisión, recuerda que la malversación es un subtipo agravado del delito de rebelión. «El desvío ilegítimo de fondos públicos multiplica cuantitativa y cualitativamente el proceso rebelde», ha manifestado, por el hecho de que permite a los acusados «recavar fondos» para sus objetivos de «vulnerar la orden constitucional».