La fiscalía usa el discurso del rey del 3 de octubre para defender que hubo rebelión y no sedición

El fiscal Fidel Cadena ha utilizado el discurso del rey del 3 de octubre para defender que el otoño del 2017 hubo rebelión en Cataluña, y no sedición como defensa la abogacía del Estado. «La violencia dio lugar a la salida del rey el 3 de octubre, que tiene que hacer un llamamiento a la Generalitat para que respete el orden constitucional, no la paz pública o la seguridad», ha dicho. Cadena ha insistido en la rebelión porque el «bien jurídico protegido» era la Constitución. También ha añadido que «el tipo penal no exige la presencia de armas», que los acusados «sabían que se estaban alzando públicamente», y que lo hicieron haciendo uso de «personas que hicieron de murallas humanas» y de los Mossos. También ha dicho que «la violencia física no es indispensable» para la rebelión y que sólo con «intimidación» ya habría violencia, ya que sino «podría discutirse incluso la tipificación» del 23-F. El fiscal también ha defendido como una «cláusula de seguridad» haber pedido que los acusados no puedan acceder al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena.

En su intervención que ha cerrado el informe final del ministerio público y que ha sido más técnica que la de sus compañeros de filas, Cadena ha argumentado por qué considera la fiscalía que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión. El fiscal ha asegurado que los acusados por este delito intentaron «derogar o sustituir parcialmente la Constitución» y «proclamar la independencia de una parte del territorio», dos de los supuestos previstos en la ley, remarcando que quedan «fuera» aquellos que lo buscan «por vías legales». Cadena ha añadido que esta es una «rebelión diferente», porque ya ostenta el poder público y «sólo se necesita la violencia en el episodio final».

Cadena ha puesto énfasis en defender por qué la fiscalía sostiene que los hechos del otoño del 2017 fueron una rebelión y no un delito de sedición, como mantiene la abogacía del Estado. El fiscal ha remarcado que el «bien jurídico protegido» es «la orden constitucional, no el orden público». Cadena ha recordado que los dos delitos «se han desmarcado por completo», aunque en otras épocas «caminaron juntos», y que se estableció que la rebelión es una delito «contra la Constitución».

En este sentido, ha dicho que si el 20-S hubiera sido «un solo episodio, se podría dar la sedición», pero ha añadido que no 100 sediciones diferentes, con una hoja de ruta. «No estaba en riesgo la seguridad, estaba en riesgo la democracia y la Constitución», ha añadido, y en este sentido ha enmarcado el discurso del rey del 3-O, que «hizo un llamamiento al Gobierno de la Generalitat para respetar el orden constitucional, no la paz pública ni la seguridad». También ha descartado la opción de la conspiración a la rebelión, ya que «separar a los autores de la violencia no es posible».

«Intimidación» incluida en la violencia

Cadena ha defendido que la «intimidación» ya es suficiente para justificar que hubo violencia, aunque no hubiera habido «violencia física», que considera que no es «indispensable» para la rebelión. Si no fuera así, ha añadido, «podría discutirse incluso la tipificación del alzamiento militar del 23-F», ya que «la existencia de la violencia física queda limitada a aquellas zancadillas o aquella sacudida al teniente general Gutiérrez Mellado».

El fiscal también se ha remitido a una sentencia del Tribunal Supremo de 1993 para defender que también se incluye «en el ámbito de la fuerza y la violencia» que haya «una multitud en una situación previamente creada que impide el paso de los cuerpos de seguridad y hace falta una fuerza superior para conseguir el propósito».

«Violencia normativa»

Cadena también ha abonado que los meses de septiembre y octubre en Cataluña hubo una «violencia insurreccional», e incluso ha calificado de «violencia normativa» la promulgación de leyes del Parlament que promulgaban la soberanía.

Además, ha asegurado que los Mossos «no atendían las órdenes judiciales» y que «el poder autónomo de la comunidad que tiene un cuerpo armado se pone al lado de la rebelión». Por el contrario, ha lamentado que «no quedaba defensa de España en aquel territorio», motivo por el que «hubo que enviar a más gente porque si no nadie podía dar cuenta a la orden del juez». En cualquier caso, sí ha admitido que los más de 6.000 agentes estatales enviados a Cataluña eran «absolutamente insuficientes» a causa de la «dispersión» de los centros de votación.

El fiscal ha responsabilizado a los acusados de «toda la violencia», la que sufrieron tanto «las personas que hicieron de murallas humanas», como los agentes de policía que «intentaban cumplir las órdenes judiciales».

«Acción conjunta y global»

Cadena ha defendido que los acusados son «coautores» de los hechos, ya que tuvieron una «acción conjunta y global» y una «programación absoluta de todas las fases». «El proceso es continuado en el tiempo, plural y convergente», ha dicho, «se unen esfuerzos para un propósito». En este sentido, ha remarcado que «durante un periodo de 2 años» hubo «actuaciones convergentes» por parte de la Mesa del Parlament –con la figura emblemática de su presidenta-, el Gobierno y las entidades sociales. Para Cadena, «la de atender la conducta en su globalidad».

«Cláusula de seguridad»

La fiscalía también ha justificado por qué ha pedido en su escrito la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal que hace referencia al tercer grado y que recoge que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a los 5 años, el juez o tribunal podrá ordenar que el condenado no pueda acceder al tercer grado hasta que haya cumplido la mitad de la pena impuesta. Cadena ha dicho que es una «cláusula de seguridad» para garantizar que la sentencia «además de dictadas, sean ejecutadas».