Vox saca pecho de haber iniciado la causa contra el proceso y pide una sentencia «disuasoria» para el independentismo

La acusación popular ejercida por Vox ha sacado pecho de haber iniciado la causa contra el proceso presentando una querella en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y ha pedido al tribunal que emita una sentencia «disuasoria» para que «nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional». Además, ha elogiado «la heroicidad» de la Guardia Civil y la Policía Nacional en sus investigaciones y la «valentía» del juez titular del 13 Juan Antonio Ramírez Sunyer, el fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, y el fiscal general del Estado José Manuel Maza, por impulsar investigaciones y querellas contra el proceso independentista y actualmente los tres muertos. Vox ha asegurado que los acusados cometieron «un proceso golpista sofisticado e innovador» que no se puede comparar con otros del pasado.

En un informe final con mucho contenido político, el secretario general de Vox, diputado en el Congreso, concejal electo en el Ayuntamiento de Madrid y abogado de la acusación popular en el juicio del 1-O, Javier Ortega Smith, ha asegurado que este proceso judicial no llegó al Supremo «por casualidad», sino que fue su formación política quien presentó una querella que llevó al juzgado de instrucción número 13 a «iniciar una investigación», que posteriormente se ha ido extendiendo a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.

Ortega Smith ha remarcado que Sunyer, Maza y Romera de Tejada «tendrán que tener el reconocimiento que merecen porque cumplieron con su deber». También ha elogiado a los cuerpos de seguridad del Estado «en su función de policía judicial y de intervención». En un sentido similar, el otro abogado de Vox, Pedro Fernández, ha calificado «de heroica» la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las investigaciones, «y todo en defensa de la autoridad demostrada el 3 de octubre del 2017 por el rey a favor de la unidad de España».

El número dos de Vox ha trasladado un mensaje de «confianza» a la sala que tiene que dictar sentencia, pero ha alertado que «no podrá haber justicia si no se dicta sentencia con penas en sintonía con los delitos enjuiciados, los mayores delitos en un ordenamiento». En este sentido, ha advertido que, además de cumplir la función de «castigo a los culpables», la sentencia también tiene que tener una «finalidad disuasoria para que nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional». «Quien habrá triunfado será la justicia, el estado de derecho, la democracia, la soberanía nacional, que corresponde a todo el pueblo español, y habrá triunfado la nación española», ha concluido.

Por su parte, Pedro Fernández –que es vicesecretario jurídico de Vox y también diputado en el Congreso- ha asegurado que el «proceso golpista» que sostiene que estuvo en Cataluña el otoño del 2017 «no se puede equiparar de manera automática y exacta a otros procesos golpistas en tiempos pasados». Fernández ha defendido que el 20-S y el 1-O fueron «dos situaciones de violencia», motivo por el que sostienen la rebelión. «Decir que no se produjo violencia es contrario a las escenas vistas durante la causa y al relato de los testigos», ha asegurado, «y esta lógica se percibe en la mayoría de españoles». También ha añadido que los acusados «segregaron y señalaron» parte de los ciudadanos de Cataluña, «convirtiendo catalanes de primera y de segunda».

Fernández también ha remarcado que «la obligación de los acusados era proteger, preservar y salvar la Constitución de cualquier ataque como condición inherente de españoles y como cargos públicos», y ha asegurado que si Jordi Sànchez y Jordi Cuixart hubieran llevado a cabo los hechos de los que se les acusa «sin el Gobierno y el Parlament, nunca habrían concurrido en un delito de rebelión», porque no habría supuesto «un riesgo de ruptura constitucional, como en mucho desórdenes públicos o sedición».

Ortega Smith también ha argumentado la acusación del delito de organización criminal. De hecho, la acusación popular es la única que hace esta acusación. El número dos de Vox ha asegurado que los hechos no se produjeron con «carácter individual», sino «colectivo». «Eran acciones extemporáneas, perfectamente planificadas», ha dicho. Y ha destacado que «se estableció que los Mossos pasarían a formar parte de una fuerza interior puesta al servicio de las pretensiones de la organización criminal» y como «embrión de una fuerza de defensa del supuesto estado independiente».

Vox también hace acusaciones por desobediencia y malversación, pero no ha desarrollado sus argumentos en el informe final. Se ha limitado a adherirse a los alegatos hechos por la fiscalía y la abogacía del Estado.