Zoido, Millo y Moragas plantan la comisión de investigación del 155 del Parlament

El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido; el exdelegado del gobierno español en Catalunya Enric Millo, y el exjefe de gabinete de Mariano Rajoy y exembajador español en la ONU, Jorge Moragas, han plantado este martes la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución del Parlament, donde estaban citados como testigos. Los tres se han escudado en un dictamen del Consejo de Estado que avala que no acudan a la comisión al haber sido altos cargos del gobierno español, por lo cual tendrían que rendir cuentas al Congreso de los Diputados. Es el mismo informe que esgrimieron el expresidente español Mariano Rajoy y quien fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Zoido, Millo y Moragas ya habían comunicado previamente por carta en la cámara catalana que no irían. El presidente de la comisión, Toni Morral, ha explicado que aunque el dictamen del Consejo de Estado tiene fecha del 25 de abril no lo recibieron hasta ayer el lunes 3 de junio y después de que Rajoy y Sáenz de Santamaría ya lo utilizaran como argumento para no ir al Parlament. De todos modos, ha dicho que los servicios jurídicos de la cámara analizarán el informe para hacerlo llegar también a la Fiscalía. De hecho, la comisión ya elevó a la Mesa del Parlament las incomparecencias de Rajoy y Sáenz de Santamaría, así como la de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y este órgano acordó informar al ministerio fiscal el pasado 15 de mayo. Morral ha detallado que se los volverá a citar el próximo jueves 13 de junio y que, si no van, elevarán de nuevo el caso en la mesa para que informe a fiscalía.

El diputado de CatECP Marc Parés ha cargado contra el «despropósito» del Consejo de Estado para no avalar que altos cargos del anterior gobierno español den explicaciones al Parlament y le ha reprochado que entre a valorar si la cámara catalana es competente para investigar los efectos que tuvo la intervención de la Generalitat: «Quizás no se han dado cuenta de que la autonomía que se suspendió es la de Catalunya».

Por parte de ERC, Jordi Orobitg, ha lamentado las incomparecencias y ha afirmado que «todas las instituciones del Estado están al servicio de la causa para mirar de aniquilar los derechos y libertades de los catalanes». El diputado republicano ha pedido a la Mesa del Parlament que tome «una medida judicial» ante este hecho y ha recordado que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo y, por lo tanto, no es de obligado cumplimiento.

La diputada de JxCat Gemma Geis ha deplorado la «impunidad política» que da el Consejo de Estado a los responsables de la aplicación y la gestión del 155 y ha recordado que se trata de un órgano «politizado» formado por miembros de anteriores gobiernos españoles –la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega es la presidenta y la misma Sáenz de Santamaría es consejera. Por eso, ha confiado en que se emprendan las medidas legales pertinentes y ha pedido a los servicios jurídicos de la cámara que lleven a cabo «las acciones jurídicas que estimen convenientes».