Judicial
El Supremo evita que el Estado pague 1.500 millones a concesionarios de autopistas
Las compañías habían solicitado indemnizaciones porque alegaban que se había producido una «ruptura de la ecuación financiera del contrato»
Un 40% de los conductores no pone el intermitente en la autopista
El Tribunal Supremo ha decidido en dos sentencias que el Estado no tiene que abonar las empresas concesionarias de autopistas Aumar y Ausur cerca de 1.500 millones de euros en concepto de «reequilibrio económico-financiero e indemnización por daños y perjuicios».
Las compañías habían solicitado sendas indemnizaciones, de 785 millones de euros en el caso de Aumar, que gestionaba tres tramos de autopistas de peaje, Tarragona-Valencia (AP-7 Norte); Valencia-Alicante (AP-7 Sur) y Sevilla-Cádiz (AP-4).
Ausur, que desde 1998 explotaba la autopista del Sureste (Alicante-Cartagena), reclamaba 748,9 millones de euros.
En los dos casos, los concesionarios alegaban que se había producido una «ruptura de la ecuación financiera del contrato», después de que se construyera una autovía paralela, funcionalmente equivalente a las que ellos gestionan y libre de peajes, cosa que provocó una disminución de sus ingresos.
Pero la sala contenciosa administrativa considera que «en más de cuarenta años de explotación, el concesionario no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viales en torno a sus 500 kilómetros de autopistas sigan sin desdoblarse y sin cinturones vviarios que rodeen las ciudades».
Según su opinión, pretender la «petrificación» de la red vial próxima a sus autopistas de peaje desde el otorgamiento de la concesión, «a principio de los años 70 del siglo pasado», es una cosa, «como mínimo chillona como argumento».
El alto tribunal destaca que no ha existido ninguna actuación de la Administración del Estado, «al margen de su normal y correcta actividad de mejora de la red vial», que haya podido ocasionar los concesionarios {consecuencias onerosas», de aquí viene que no haga falta la indemnización.
El Estado, prosigue la sentencia, ha actuado «en interés de los ciudadanos», al mejorar las infraestructuras varias próximas a las autopistas, cosa que constituye «un deber la Administración; lo anómalo sería que durante cuarenta años no se procediera a mejorar la red vial».