Jordi Pina: «No son alzamientos sino manifestaciones, hay que protestar contra decisiones judiciales»
El letrado de Sànchez, Rull y Turull carga contra la teoría del fiscal y dice que ningún acusado «movía los hilos» de más de dos millones de personas que votaron el 1-O
El letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha negado la rebelión y ha dicho que lo que se produjo en Cataluña no son «alzamientos» sino «manifestaciones y protestas». En el informe final, ha defendido el derecho de los ciudadanos de protestar y ha añadido, incluso, que considera «necesario» protestar contra las decisiones de jueces, como en el 20-S y 1-O. Además, ha cargado contra las tesis de la fiscalía de calificar los hechos como «golpe de estado» y ha dicho que no existe ningún delito en el código penal. También ha negado que hubiera ninguna «inducción» por parte de los acusados para que más de dos millones de personas votaran, y que así lo «acreditaron» los más de 50 votantes que se propusieron como testigos. Pina también ha negado la violencia y ha dicho que no se puede acreditar por «una cacerolada o un escupitajo» sino que el delito necesita «bastante armada y fuego». «La resistencia pasiva de los ciudadanos es incompatible con el concepto alzamiento público de la rebelión», ha dicho.
«Que se sepa que en Cataluña hay paz», ha dicho el abogado de Sànchez,Turully Rull en el inicio de su informe final ante el Tribunal Supremo. Pina ha negado que el otoño del 2017 hubiera habido un «periodo insurreccional» en Cataluña como dijo el teniente coronel DanielBaenay ha asumido la fiscalía en sus tesis. Para contradecirla, ha recordado que durante aquel periodo también hubo dos manifestaciones unionistas en Barcelona, el 8 y el 12 de octubre. «¿A alguien le cabe en la cabeza que en periodo insurreccional donde los rebeldes independentistas están copando la sociedad catalana se permita que miles de ciudadanos contrarios a la independencia se puedan manifestar libremente?», ha dicho. De hecho, Pina ha recordado que en aquellas concentraciones hubo «leves incidentes», pero que «a nadie se le acudió imputar» a los promotores.
Niega que hubiera violencia
«¿La violencia para conseguir la separación de una parte del territorio de un país sonescupitajos, el lanzamiento de una valla o de tres piedras?», se ha preguntado, «¿esta es la violencia necesaria para doblar al Estado?». Pina ha remarcado que el tipo penal de la rebelión requiere que haya «armas, fuerza armada, fuego». El abogado cree que el fiscal «no ha sido capaz ni de probar la leve violencia de los empujones o los puntapiés»y ha recordado que el 1-O hubo cinco detenidos. «¿Este es el concepto de violencia de una rebelión que se hace a través de un alzamiento el 1-O?», ha cuestionado.
También ha recordado el contenido de los videos del 1-O que se han visto durante el juicio entre un «silencio ensordecedor»y se ha preguntado «donde están las personas golpeando a los policías». «La violencia nació y se creó el 1-O donde algunos funcionarios policiales de algunos cuerpos no supieron estar a la altura», ha dicho. Pina ha dicho que hubo «actuaciones censurables»y «desproporcionadas»por parte de algunos miembros de cuerpos policiales, a pesar de que no de todos.
Pina ha defendido también una actitud sin violenta en la protesta del 20-S y ha puesto varios ejemplos: «La joyeríaUniónSuizano tuvo que cerrar, el cajero automático de La Caixa, que cambió la sede y que no es que sea la gran amiga del independentismo, ni fue roto ni le pusieron silicona, una farmacia no tuvo que cerrar y los bares hicieron el agosto».
Por lo tanto, no solo niega la violencia sino también la sedición y considera que se trata de una «rebelión en pequeño»que también requiere de violencia, con la diferencia que el objetivo no es ir contra la orden constitucional sino contra «la paz y el orden público».
Una declaración de independencia sin incidentes
Y también ha dicho que tanto el día siguiente del referéndum como el día siguiente de la declaración de independencia la vida cotidiana en Cataluña se retomó con normalidad y no hubo ningún incidente. «Es contranatural proclamar la república y la independencia y al día siguiente ir a trabajar y que no haya incidentes, cuando si te has separado de España habría de haber algarabía, desórdenes y asaltos si hablamos de una rebelión». «Todos fuimos a trabajar tranquilamente, ¿esto es compatible con la violencia tan grave que hace que lleven dos años privados de libertad, y si fuera cierto, hay que atribuirlo a ellos si no hicieron ningún llamamiento?», se ha preguntado Pina.
«No son inductores»
Además de negar la violencia, Pina también ha dicho que no se puede encontrar «ni un mensaje»de sus representados donde «induzcan» a los ciudadanos a actuar contra la policía. «Rotundamente no hay ningún mensaje, ni institucional ni periodístico, ni por Twitter ni por Facebook, nada, cero, solo paz civismo y concordia», ha remarcado.
Además, Pina ha recordado que vinieron más de 50 testigos citados por él y que explicaron que nadie les había pedido que fueran a ocupar los colegios. Ha recordado el testigo de una votante, Maria LuisaCarillo, que reivindicó que era una «ciudadana libre»y reivindicó que se «respetara su opinión»y que nadie le había dicho qué tenía que hacer. «¿Esto es compatible con el instrumento de unos inductores, con la teoría que unas personas mueven los hilos de los otros?», se ha preguntado. Según Pina, es una «tesis muy construida por la fiscalía»pero que falla porque no existe «el elemento de la pirámide que requiere la rebelión».
Comparaciones con el 9-N
Pina también ha recordado que el delito de convocatoria de referéndum ilegal está despenalizado y considera que la fiscalía ha hecho un «esfuerzo»para ir «arriba»en el código penal para evitar considerar el 1-O como el 9 de noviembre de 2014, donde los organizadores fueron condenados solo por desobediencia. Y ha recordado que el día del proceso participativo del 9-N la fiscalía se negó a parar las votaciones en aplicación del «principio de proporcionalidad», una decisión que –según Pina- fue acertada.
«En la fiscalía sabían que la comparativa con el 9-N les falla por actuación correcta del ministerio fiscal y han ido a buscar una diferencia», ha apuntado Pina. Según el letrado, la diferencia se busca en la ley del referéndum que decía que se proclamaría la independencia «inmediatamente»si ganaba el sí, una situación que no se produjo.
Malversación: «Los testigos han desmentido la tesis de la acusación»
Pina también ha negado el delito de malversación y, de hecho, ha hecho una defensa de la «integridad»de los funcionarios de laGeneraliat, que ha calificado de «magníficos profesionales que no hacen trampa, que siguen los cursos legales y normales».
El abogado ha detallado algunas de las acusaciones que se hacen sobre todo sobre el exconseller JordiTurull. Así, ha negado malversación en elCTTIo la web del referèndum.cat, que es «del año 2006». «Lo hemos dicho por activa y por pasiva y continúa en el escrito de la fiscalía», ha dicho, «no sirve de nada estar aquí cuatro meses si no tenemos en cuenta la prueba». También ha insistido que el registro de catalanes en el exterior estaba pensado por cuestiones como el «carné joven»o las «bibliotecas», o bien que «la campaña de civismo no tiene nada que ver con el anuncio de las vías del tren». «Una cosa es buscar cosas que los vinculen al referéndum y otra es hacer el ridículo», ha aseverado. Sobre las facturas de laCCMAsobre el anuncio de las vías del tren, ha reprochado a la fiscalía que omita un expediente de la Generalitat que concluye que estas «no fueron correctas» porque no siguieron el procedimiento.
Pina también ha argumentado que algunos de los testigos propuestos por la fiscalía han «desmentido»sus propias tesis sobre malversación, como es el caso deUnipost: «No hubo encargo, ni factura, ni pago, ni compromiso de gasto», ha dicho, «no hubo prestación de servicios». A modo de ejemplo, ha remarcado que las acusaciones no han podido probar que ciudadanos recibieran cartas enviadas a ciudadanos para informarles que formarían parte de las mesas el 1-O.
Además, cree que la misma fiscalía «demuestra» que el acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre según el cual todos los miembros del ejecutivo asumen de forma «colectiva y colegiada»los gastos del referéndum es «papel mojado», porque «no hay ningún gasto de la administración con posterioridad»a esta fecha. Pina también ha recordado queTurullllegó al Gobierno el julio del 2017 y que las acusaciones le atribuyen malversación de hechos anteriores, cuando la consellera de Presidència era NeusMunté, que «no ha sido llamada en este procedimiento».