Abren el procedimiento para embargar bienes a Puigdemont, Junqueras y otros exaltos cargos para el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha activado la segunda fase del proceso de embargo preventivo contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y 16 exaltos cargos más por el supuesto desvío de fuentes públicos para hacer realidad el referéndum del 1-O, según han informado fuentes de esta institución. El Tribunal actúa fruto de las querellas que interpusieron la Fiscalía por una parte, y Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució de la otra. Tiene sobre la mesa un primer informe emitido por la consejera Margarita Mariscal de Gante, que a finales de mayo cerró la fase preliminar del proceso una vez concluyó que existían indicios de irregularidad en el uso de dinero público del Gobierno. Ahora el Tribunal de Cuentas ha nombrado a un delegado instructor que, una vez practicadas nuevas diligencias, redactará un «acta de liquidación provisional» que determinará las cantidades y los autores de la supuesta malversación, y que irá seguido de la activación del embargo «preventivo».

La denuncia presentada por Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució reclama a los investigados 2 MEUR por los costes del referéndum y hasta 87 MEUR más por el coste de la operación a 'Copérnico' para enviar policías en Cataluña. La de la Fiscalía no fija cantidad.

La denuncia de Societat Civil se dirige contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Aparte del gobierno en pleno, la demanda también se dirige contra los consellers que terminaron antes del 1-O: Neus Munté, Jordi Baiget, Meritxell Ruiz y Jordi Jané.

Ahora el instructor de la causa tendrá que practicar más diligencias y redactar lo que se llama «acta de liquidación provisional» para determinar la cifra concreta que, a su entender, se ha malversado y hay que devolver a la Administración, así como los supuestos responsables.

Esta «acta de liquidación provisional» se entregará a las partes en paralelo al hecho de que el Tribunal pondrá en marcha un «embargo preventivo».

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, una vez superada esta fase s»entrarà en la del proceso jurisdiccional, donde el Tribunal emitirá un edicto que se enviará a las partes y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para hacer público que se lleva a cabo el proceso e iniciar las vistas.

Esta fase acabará con una sentencia en primera instancia que se podrá recurrir en apelación a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, primero, y en el Tribunal Supremo, después.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas también tiene abierto otro procedimiento fruto de una querella del fiscal Miquel Ángel Torres por supuestas irregularidades en el uso de dinero público para promover el proceso independentista en el exterior.

En este caso, el procedimiento se puso en marcha a petición de la Comisión mixta del Congreso y del Senado de relaciones con las cortes.

Anteriormente el Tribunal de Cuentas ya condenó Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis acusados más a devolver 4.946.788,16 euros por la organización del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.