La defensa de Vila niega que desobedeciera porque intentó parar la DUI desde dentro del Gobierno
Juan Segarra aduce «discrepancias internas» al Gobierno para exculparlo y que creía que el 1-O se pagaba con dinero privado
Vila afirma que el 1-O «muta» después de la suspensión del TC y ya «nunca más» lo reconoce como tal
El abogado de Santi Vila, Juan Segarra, ha asegurado en su informe final al Tribunal Supremo que si su cliente no dimitió antes del Gobierno fue para que «se sienta más útil dentro que fuera» y porque estaba «convencido» de encontrar una «solución dialogada» y evitar la aplicación del 155. Y ha negado que Vila desobedeciera argumentando que «lo único que estaba en sus manos para atender los requerimientos del TC e intentar parar aquellas iniciativas que pretendían aprobar la DUI». Segarra ha aducido «discrepancias internas» en el Gobierno y, por ejemplo, ha dicho que la aprobación del acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre para asumir colegiadamente los gastos fue un «acuerdo político» «que» sirvió para «escenificar un consenso que realmente no existía» y que tenía que «tranquilizar» aquellos que, como Vila, «actuaban con la creencia que todo se financiaba con recursos privados». Para Segarra, la fiscalía «desconoce abiertamente la realidad» cuando habla de una acción conjunta de los acusados.
La defensa de Vila ha pedido la absolución de su cliente por desobediencia y malversación, los dos delitos de los que se lo acusa. Segarra ha defendido que Vila no desobedeció y ha asegurado que cumplió con los requerimientos del Tribunal Constitucional: «Se abstuvo de dictar resoluciones para organizar el referéndum y dio órdenes a la consellería de no hacer gastos». Además, ha asegurado que «reprobó»la ley de desconexión.
Segarra ha asegurado que Vila no quiso ir a la candidatura de Junts pel Sí (JxSí)por ser «contraria a sus principios y posicionamiento político moderado, siempre contrario a la vía unilateral», y que posteriormente formó parte de un Gobierno «multicolor»que tuvo «discrepancias internas desde el principio».
«Estas discrepancias tienen lugar en la presa de posiciones políticas para impostar un consenso que en realidad no existía», ha dicho, porque «después de la aprobación de transitoriedad jurídica la reprobó públicamente, entendiendo después de la suspensión del TC que el referéndum mutó a una movilización política y que su resultado no legitimaba la vía unilateral». También ha defendido que Vila intentó «una aproximación con el gobierno español para evitar el choque institucional y el 155», y que dimitió «frustrados»por no haber conseguido una «solución dialogada».
De este modo, Segarra considera que hablar de un acuerdo conjunto entre los acusados, como sostiene la fiscalía es «desconocer abiertamente la realidad». De hecho, cree que el ministerio público «ha pecado de falta deinvididualització».
En cuanto al acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre, Segarra ha dicho que fue un «acuerdo político»que sirvió para «escenificar un consenso que realmente no existía»y «para la tranquilidad de aquellos que, como Santi Vila, actuaban en la creencia que todo se financiaba con recursos privados».
Segarra ha asegurado que no hay «ningún expediente»en base a este acuerdo y que, de hecho, no hubo «ninguna ejecución». Y ha añadido que «si el acuerdo no dio lugar a la ejecución de ningún hecho, no puede existircoautoriaejecutiva». Y, además, ha remarcado que Vila «dio órdenes de no incoar ningún gasto en relación al 1-O y no hacer uso de ningún local».
Además, el abogado de Vila ha recordado al tribunal que no era diputado del Parlament, desvinculándose así de las decisiones tomadas en la cámara catalana.