El Tribunal de Cuentas confirma y aumenta las multas a Mas, Ortega, Rigau, Homs y seis personas más por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha confirmado las condenas a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis personas más por la organización del proceso participativo del 9-N. El tribunal, sin embargo, añade otras partidas de gastos que suponen un ligero aumento de las multas, que llegan hasta los 4.988.620,11 euros por los cuales tiene que responder Mas solidariamente. Estima así el recurso de apelación de la fiscalía, Sociedad Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució, y rechaza, en cambio, lo que habían planteado los denunciados. Los otros condenados son Lluís Bertran, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovès, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.

Según el Tribunal de Cuentas, los términos de la sentencia del TC sobre el 9-N resulten «diáfanos», dejando claro que los actos y actuaciones vinculadas al denominado proceso participativo son inconstitucionales. «Lo que ha resultado relevante es que se produjeron unas salidas de fondos públicos para satisfacer un objetivo ilegal (por inconstitucional) sin que, por lo tanto, pudiera haber una partida presupuestaría legal que soportara estos gastos, lo que las convierte en injustificadas», apunta.

Sobre la contratación del centro de prensa, por ejemplo, constata que «fue una pieza más del engranaje para conseguir los objetivos pretendidos con el proceso participativo». «No se trataba pues únicamente de facilitar el trabajo de los medios, sino de contribuir positivamente al éxito de los objetivos pretendidos por la convocatoria, procurando que la votación consiguiera la mayor difusión posible», continúa el tribunal, que considera que las alegaciones presentadas por los denunciantes son «meras excusas de un comportamiento abiertamente antijurídico».

Con respecto a los 7.000 ordenadores, argumenta que si eran por necesidades educativas se tendría que haber aprobado algún plan con antelación, habría alguna petición de dotación o se hubiera tenido que poner en marcha alguna iniciativa educativa que requiriera aumentar el número de ordenadores en los centros educativos. El tribunal concluye que nada de eso se ha acreditado, y que «lo único que consta es una decisión precipitada, no soportada en ninguna solicitud, ni en informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse como respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo».

También señala que ha quedado «acreditado» que los ordenadores estaban «completamente preparados, programados y configurados informáticamente» para el proceso participativo, sin que eso pudiera servir después para ninguna actividad educativa. Si no, añade, «no tendría sentido que una vez acabada la consulta se procediera inmediatamente a borrar los datos y a desinstalar los programas correspondientes».