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El TSJC desestima el recurso de Torra contra su procesamiento por no retirar los lazos amarillos

El tribunal reprocha al presidente que cuestione la imparcialidad de la JEC después de emitir sus mandatos

Imagen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su procesamiento por un presunto delito de desobediencia por no haber retirado los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral como le ordenaba la Junta Electoral Central (JEC). En un auto, el tribunal confirma la resolución del 27 de junio del juez instructor en la cual transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado. Posteriormente, el mismo juez abrió juicio oral. El TSJC rechaza que se cuestione la presunción de inocencia del presidente y que se cuestione la imparcialidad de la JEC, de quien no ve «discutible» que sus acuerdos son «ejecutivos y de obligado acatamiento».

Con este auto, la sala de lo civil y penal del TSJC ha descartado el archivo de la causa contra el presidente de la Generalitat. El tribunal ratifica al juez instructor cuando afirmaba que la JEC es una «autoridad superior» y asegura que las resoluciones que emitió «no contenían mandamientos contradictorios sino complementarios» y que su cumplimiento «quedaba al alcance del investigado como mínimo con respecto al Palau de la Generalitat».

Para el TSJC, «no parece discutible que los acuerdos de la JEC son ejecutivos y de obligado acatamiento para las autoridades o los particulares en lo que fueron dirigidos».

Además, ha reprochado a Torra, que alegaba «intencionalidad política» por parte de los miembros de la JEC, que cuestione la imparcialidad de este organismo «a posteriori de la emisión de sus mandamientos», que tomó un «órgano colegiado», y ha recordado que no hizo este cuestionamiento en las reclamaciones y aclaraciones que presentó Torra ante la JEC.

En su escrito de calificación, la fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente por un delito de desobediencia, así como una multa de 30.000 euros.

Torra declaró al TSJC el pasado 15 de mayo, donde admitió que desobedeció las órdenes de la JEC: «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos». El presidente asumió como propias todas las decisiones sobre esta cuestión e insistió en que «la última responsabilidad» es suya.

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