Una setentena de juristas firman un manifiesto contra el «grave y continuado uso político» de la Justicia en el estado español

Una setentena de juristas catalanes de los colectivos Drets, Querellants per la República y la Associació Atenes han firmado un manifiesto para denunciar la «grave y continuada utilización política» de la Justicia por parte de algunos partidos al estado español. El texto lamenta las filtraciones que hubo en las detenciones de los siete CDR que están en prisión preventiva acusados de terrorismo. Los juristas consideran que ha habido una «vulneración» de los derechos fundamentales en relación a estos detenidos ya que los medios de comunicación disponían de información que no tenían ni los propios abogados de los arrestados. En este sentido, consideran que no se ha respetado la presunción de inocencia ni por parte de los medios que lo han publicado ni por parte de los partidos políticos que «han hecho uso en pre-campaña electoral».

Las tres entidades firmantes consideran que ha habido una voluntad de criminalizar el movimiento independentista «mezclando de forma chapucera» este movimiento con terrorismo. Los juristas vinculan esta actuación a la voluntad que tiene el estado español de «forzar» la extradición de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí acusándolos de terrorismo.

Las tres entidades ven «con preocupación» cómo se va degradando la percepción que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia. «Por todo eso denunciamos la vulneración de derechos fundamentales – colectivos e individuales, civiles y políticos – que comporta la utilización política de la Justicia, partiendo de estado de derecho en España y los valores de la Unión Europea», reza el comunicado.

El manifiesto celebra la iniciativa del Consejo de Europa en la investigación del uso de la Justicia en España y Turquía, contra políticos catalanes y kurdos respectivamente. En este aspecto, los juristas piden que «se llegue hasta las últimas consecuencias», y que las instituciones europeas «dejen de silenciar la violación sistemática de los derechos humanos», que a criterio de estas entidades se está haciendo desde España.

El escrito acaba reclamando la intervención del Consejo de Europa como de la nueva Comisión Europea, a fin de que adopten «instrumentos eficaces» para evaluar la independencia y la calidad de la justicia española. También reclaman que haya una «tutela efectiva» de los derechos humanos y de la rectitud en el gobierno de las instituciones.