Operación de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal de las clínicas de estética

La Agencia Tributaria ha realizado este jueves una gran operación a todo el Estado contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología. La operación, de nombre 'Nassus', implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, fundamentalmente médicos especialistas, pero también personas de su entorno personal y familiar, mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia a lo largo de esta jornada a 92 clínicas de este sector. Los cacheos se han hecho a todas las comunidades, excepto las de régimen foral, Navarra y Euskadi. En Cataluña se han hecho 16 entradas y registros en locales que básicamente cobraban las costosas operaciones estéticas en metálico.

El dispositivo desplegado también afecta locales situados en Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (4), Castilla y León (3), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), la Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).

La operación 'Nassus' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, contando con la participación de 370 funcionarios del área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, las UAI, así como el soporte de agentes policiales y de 79 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Antecedentes

La operación iniciada ahora, y que continuará a lo largo de los próximos meses con el propio desarrollo de las inspecciones que ahora empiezan, surge de un análisis detallado de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años en diferentes puntos del territorio a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología, sumado a la obtención de nueva información sectorial con relevancia tributaria.

Hay que tener en cuenta, además, el fuerte crecimiento registrado por el sector en los últimos años: España ocupa el duodécimo lugar en el ranking mundial de intervenciones de estética, el cuarto de Europa, con cerca de 400.000 intervenciones al año.

El análisis realizado por los investigadores de la Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de un importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados, ocultación que se veía favorecida por el uso de dinero en efectivo como principal medio de pago.

En algunos casos, incluso, y a pesar de las elevadas sumas que llegan a abonar para sufragar las operaciones de cirugía estética, los profesionales ni siquiera admitían el pago con tarjeta bancaria, cosa que los investigadores de la Agencia temen que se reproduzca en diversos de los locales ahora inspeccionados.

Así, la experiencia acumulada hizo aconsejable la realización de la presente actuación coordinada en ámbito estatal, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente a las clínicas y consultas médicas, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.

Efectivo y cajas fuertes

Para la selección de las sociedades y personas físicas objeto de los registros e inspecciones, la Agencia tuvo en consideración una serie de ratios económicas (algunas de las sociedades llegaban a declarar pérdidas en los últimos años, mientras sus socios y administradores --los médicos-- mostraban claros signos externos de poder adquisitivo no adecuados con esta situación económica de la sociedad).

Al mismo tiempo, para un uso tan extendido del efectivo como medio de cobro, que lógicamente dificulta la trazabilidad de las operaciones, los profesionales tenían la ventaja de una característica común a la mayoría de sus clientes: son particulares sin derecho a la deducción de ningún gasto para los tratamientos recibidos.

Por la información de que dispone la Agencia, algunos de los profesionales ahora inspeccionados no hacían ningún cobro con tarjeta: todo era en efectivo o, en menor medida, por transferencia. En otros casos, en cambio, el porcentaje de cobro con tarjeta era especialmente elevado, hecho que podría poner de manifiesto la ocultación de parte de los ingresos en efectivo.

De cualquier manera, y con independencia de la diferente proporción de los medios de cobro utilizados en cada local, el uso del efectivo entre los inspeccionados está claramente extendido. Muestra de eso es que un 40% aproximadamente de las personas físicas afectadas por la operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.

Efecto disuasivo

Durante las comprobaciones que ahora empiezan, se regularizarán las cuotas tributarias que correspondan, tanto en IVA como en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, analizando la posible interposición de sociedades, en el proceso de facturación de las operaciones, así como las consecuencias fiscales derivadas de poseer, probablemente de forma artificial, la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

Pero además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, operaciones sectoriales coordinadas como la que ahora empieza persiguen adicionalmente dos objetivos de interés para la Agencia Tributaria. Por una parte, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento del sector, disponiendo de información sobre las ratios económicas reales, la estructura de costes, los medios de cobro, entre otros; de la otra, transmitir un mensaje disuasivo a los colectivos involucrados en estas prácticas, que no sólo tienen impacto en las arcas públicas, sino que también distorsionan gravemente la competencia en el propio sector, de manera que se consiga reconducir su comportamiento hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias.

Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales coordinadas a nivel estatal (sin contabilizar todavía la operación Nassus), con más de 1.600 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de 1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del comportamiento de estos contribuyentes en los años posteriores a las inspecciones.