El Estado podrá cerrar webs y redes sociales en caso de «amenazas al orden público»

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica este martes el decreto impulsado por el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para combatir la «República digital catalana».

El decreto, aprobado el pasado viernes pero que no se había publicado hasta hoy- tenía que impedir –según el candidato del PSOE- que las administraciones dispongan de servidores fuera de la Unión Europea, pero realmente limita esta prohibición a los datos personales de los contribuyentes.

Por el contrario, el decreto introduce una novedad con respecto a la posibilidad del ejecutivo español de suspender la prestación de servicios digitales –desde redes sociales a webs- en caso de «desórdenes públicos». El ejecutivo ya disponía de facultades en este campo si aducía razones de seguridad pública, pero ahora y delante de lo que el propio texto califica como «graves acontecimientos ocurridos aparte del territorio español», sin citar explícitamente Cataluña, introduce la posibilidad de cortar a los servicios de comunicaciones electrónicas privados.

Mediante el decreto el gobierno español modifica seis leyes –como la de Telecomunicaciones- y un decreto ley y refuerza las facultades del Ministerio de Economía de intervenir o cortar servicios de internet de manera «excepcional y transitoria» en el caso «de amenaza grave e inmediato para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional».

Según el texto estas nuevas posibilidades de actuación «no se limitan a su aplicación en una red o uno guardáis de telecomunicaciones electrónicas, sino que se extiende a los elementos que necesariamente acompañan la instalación o despliegue de una red o de un servicio de comunicaciones».

De esta manera abre la puerta a intervenir «infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

En caso de que las operadoras no cooperen, el ejecutivo español «podrá acordar la asunción por parte de la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes».

El encargado de actuar en caso de que el ejecutivo considere que existe este peligro para la seguridad y el orden público es el Centro Criptológico Nacional (CCN) que «ejercerá la coordinación nacional de la respuesta técnica en materia de seguridad a las redes y los sistemas de información».

El decreto también refuerza el papel del DNI como único documento de identidad y excluye la posibilidad de utilizado otros métodos de identificación electrónica sin autorización del ejecutivo.

La Ley también introduce controles sobre el uso de los datos personales de que dispone la administración. Argumenta que «por motivos de seguridad pública» los «sistemas de información y comunicaciones» tendrán que estar alojados en servidores de dentro de la UE.

El ejecutivo quiere evitar de esta manera el uso de datos fiscales o el censo electorales para otras finalidades y combate la posibilidad –por ejemplo- de utilizarlas para la convocatoria de otro referéndum como el del 1-O.