Policial
Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres asiáticas
Las víctimas eran trasladadas desde su país con una falsa oferta laboral para trabajar en locales de Barcelona y Sant Celoni
A mediados del 2019 entró en juego un testimonio protegido que relató cómo fue trasladada al Estado español, siendo engañada con una falsa promesa de trabajo, para finalmente verse forzada a ejercer la prostitución en un local del barrio de Sant Martí.
La investigación se ha llevado a cabo en diferentes fases y ha sido coordinada por el titular del Jujtat d'Instrucció número 21 de Barcelona y la Fiscalía Especializada en extranjería. Recientemente se ha levantado el secreto de sumario.
Las víctimas son principalmente ciudadanas chinas que eran introducidas al Estado a través de mafias con las que adquieren una deuda económica y se veían abocadas a ejercer la prostitución en condiciones «infrahumanas» para pagarlo. Las mujeres eran captadas en zonas humildes de Asia y una vez en España, los responsables de la organización criminal, les sacaban la documentación para imponer unas «estrictas condiciones laborales». Muchas de las mujeres no tenían permiso de residencia y trabajo, cosa que las vertía a aceptar las condiciones que los imponíanlos líderes de la trama, que también son de origen asiático.
Además, eran eructadas entre los diferentes inmuebles y muchas veces no sabían dónde se encontraban porel poco contacto que tenían con el exterior. Las mujeres tenían que estar disponibles a cualquier hora del día durante todos los días del año.
12 víctimas potenciales
La policía española ha hecho un total de seis registros en cinco locales de Barcelona y otro en Sant Celoni, en los que fueron identificados 12 potenciales víctimas. La operación acabó con la detención de los seis integrantes del grupo criminal, todos ellos de nacionalidad china y de entre 40 y 47 años. Se les acusa de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. Los dos máximos responsables han ingresado en la prisión provisional.
En los registros se intervinieron casi 30.000 euros en efectivo, así como numerosa documentación relacionada con los ilícitos investigados.