En tres meses se han impuesto 140.000 multas en Catalunya relacionadas con el estado de alarma
El Parlament valida el decreto que concentra en Interior la tramitación de las sanciones
El conseller también ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona queda excluido del decreto ya que tiene capacidad para gestionar los expedientes sancionadores.
Tanto el PSC como los comunes han reclamado que el decreto se tramite como proyecto de ley y han criticado que no se hayan tenido lo bastante en cuenta a los ayuntamientos. El diputado del PSC-Units Carles Castillo ha expresado las «dudas razonables» sobre si hay suficiente aparato administrativo para tramitar todo el volumen de sanciones.
Por su parte, el diputado de CatECP Marc Parés ha cuestionado la relación del Gobierno con el mundo local y la «poca concreción» de los hechos sancionables. Y por estos motivos, ha argumentado la abstención de su grupo parlamentario.
La diputada de la CUP Maria Sirvent ha vuelto a pedir la dimisión del conseller Buch porque «cada vez es más grave la vulneración de derechos sociales, civiles y políticos que se están produciendo en elpaís». Y ha argumentado su voto en contra del decreto porquepara la CUP «cuántas menos competencias tenga el Departamento de Interior, mejor».
El diputado de Cs Jean Castel ha afirmado que las sanciones por el estado de alarma suponen un «grueso muy elevado» y ha añadido que se necesita contratar personal para poder hacer todas las tramitaciones. En este sentido, ha avisado de que su grupo parlamentario estará atento para ver a quien se contrata.
Por su parte, la diputada de ERC Montserrat Fornells ha avisado de que la seguridad en tiempo de pandemia «no puede tener carta blanca» y ha pedido que antes de tramitar las sanciones se «revisen» a fin de que «no existan agravios y se sancionen personas o empresas que realmente han incumplido las medidas impuestas». Y la diputada ha puesto como ejemplo que se sancionó a una madre monoparental que fue a tirar la basura con su hija.