El Gobierno modifica la ley de Salud Pública para crear un marco legal que ampare las restricciones por la covid-1

El Gobierno ha aprobado este lunes por la noche en una reunión extraordinaria un decreto ley de modificación de la ley de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de rebrotes de la covid-10 y en el que se incluye un nuevo apartado que faculta a las autoridades sanitarias para limitar la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en caso de situaciones de pandemia o epidemia. Según el Ejecutivo, la adopción de estas medidas tiene como objetivo garantizar el control de los contagios y proteger la salud de las personas. El Gobierno dictará este martes las medidas para contener los brotes del Segrià.

Otro de los puntos que incluye el texto aprobado esta noche por el Ejecutivo es que siempre que sea posible la resolución formulará recomendaciones a seguir para evitar riesgos de contagio y en caso de que se establezca su obligatoriedad se tendrá que hacer constar expresamente. Asimismo, la resolución también tendrá que indicar si hay o se mantienen servicios esenciales, así como su duración, que en principio no tendrá que ser superior a los 15 días, excepto si se justifica un periodo más largo.

Por otra parte, también habrá que tener en cuenta el establecimiento de medidas para que los derechos de las personas no se vean afectados y siempre que sea posible hará falta que se ajuste territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad, según el Ejecutivo. También, se prevé que las medidas concretas que se apliquen se puedan graduar en función de la evolución de los indicadores.

Con este decreto, el Gobierno ha querido «reforzar la seguridad jurídica» a las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo y las autoridades sanitarias después de que este domingo por la noche la jueza no ratificara el confinamiento dictado por el Ejecutivo. En este sentido, el Gobierno recuerda que en otras comunidades, como Galicia y el País Vasco, «se han restringido derechos fundamentales, como el derecho de sufragio, sin que ningún juez haya dictado que para hacer eso se necesita declarar de nuevo el estado de alarma».

Después de la aprobación de este Decreto Ley, este martes se dictará nueva resolución con medidas específicas por la comarca del Segrià. Asimismo, se pedirá de nuevo autorización judicial al juzgado del contencioso administrativo de Lleida para dar toda la protección legal a las medidas que se han adoptado.