La fiscalía recurre el tercer grado de los presos políticos por la «sensación de impunidad»

La fiscalía ha recurrido ante el juzgado de vigilancia penitenciaria la reciente clasificación en tercer grado de seis de los nueve políticos independentistas presos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Según el ministerio público, esta clasificación, en algunos casos antes de cumplir una cuarta parte de la pena, y poco después de la clasificación inicial en segundo grado, puede crear cierta «sensación de impunidad». El fiscal, además, ha pedido la suspensión inmediata de este tercer grado antes de que se resuelva definitivamente la cuestión. Después de vigilancia penitenciaria, la fiscalía o los presos podrían presentar recurso ante el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, como el alto tribunal estableció la semana pasada.

En seis recursos prácticamente idénticos y reiterando argumentaciones anteriores, el fiscal dice que los primeros permisos y salidas gracias al 100.2 se concedieron en enero y febrero, muy poco después de ser clasificados en segundo grado y que algunos de ellos cumplieran la primera cuarta parte de la pena, cosa que, según el escrito es «inusual por delitos y condenas graves». Además, en algunos de ellos se les ampliaron los horarios de las salidas «sin ninguna justificación». «Ahora, transcurridos sólo seis meses desde la clasificación inicial en segundo grado, se progresa a tercero grado, cosa que, lejos de favorecer el cumplimiento de las finalidades de la pena, crea una total sensación de impunidad al interno y la sociedad», asegura.

Para el fiscal, la progresión tan rápida en el tercer grado es «incompatible» con la finalidad retributiva y de prevención general y especial de la pena, así como con la finalidad de reeducación y resocialización. De hecho, dice que todos los presos tienen asegurada la reinserción social, ya que antes, durante y después de los hechos han tenido trabajo, familia y entorno social estables. Por eso, considera que la pena ahora tiene como objetivo la prevención y «tiene que constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando al autor una sensación que sus hechos tienen unas consecuencias perjudiciales». «El internamiento efectivo es la única manera de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que tenía convirtiendo su voluntad en ley», añade.

También considera que la pena tiene el objetivo de hacer que el interno quiera y pueda vivir respetando la ley, y el ministerio público asegura que ninguno de los políticos presos asume que los hechos cometidos fueron delictivos. De hecho, el fiscal asegura que les falta una «evolución suficiente en el tratamiento» para poder acceder a ciertos beneficios penitenciarios, y dice que ninguno de ellos ha participado en un tratamiento grupal o individual para tratar el delito cometido y los «déficits detectados». Los únicos tratamientos realizados, según el fiscal, son las salidas programadas gracias al 100.2, que en el caso de Forcadell ya ha sido suspendido por el Supremo.

En este sentido, el fiscal utiliza el auto del Supremo y un voto particular en la Audiencia de Barcelona contra el 100.2 en Cuixart para reforzar su tesis. Según la fiscalía, no está en cuestión la libertad ideológica de ningún individuo ni su desacuerdo con las leyes, sino que los políticos presos tienen que entender que tienen que cambiar las leyes por las vías legales establecidas. «Es en eso que hay que intervenir, ya que el penado no tiene conciencia de haber cometido ningún delito», remacha.

El fiscal explica que el delito que cometieron no fue puntual, sino continuado en el tiempo y que el índice de riesgo de reincidencia, el Riscanvi, «no es aplicable a este tipo de delito completamente inusual». Este índice establece un alto riesgo de reincidencia en caso de no trabajar o ser drogadicto, cosa que no pasa en estos seis casos, ya que entonces no habrían accedido a los puestos de responsabilidad que tenían, cree el fiscal.

La pena de prisión también tiene la finalidad de «restablecer la confianza del resto de la sociedad en el estado de derecho», dice el fiscal. El escrito recuerda la gravedad de las penas por un delito que ataca el orden público y el funcionamiento de las instituciones, con una «repercusión social» importante. De hecho, recuerda que es la primera vez en la democracia española que se ha cometido este delito «y por su gravedad extrema tiene que ser objeto de un reproche importante». Los escritos también citan algunas declaraciones públicas de los presos para arreciar que no han cambiado su actitud respecto de los hechos cometidos en 2017.

El tercer grado, dice al fiscal, es excepcional si no se ha cumplido una cuarta parte de la pena, como pasa con casi todos los políticos presos, dice el fiscal. Además, los aspectos positivos tenidos en cuenta por las juntas de tratamiento sobre la actitud de los presos no son suficientes para progresar al tercer grado. Además, el fiscal vaticina que las juntas de tratamiento podrían aplicar a los presos el artículo 86.4 del reglamento penitenciario, cosa que haría que no fueran ni a dormir en prisión, y «culminaría así el objetivo de vaciar de contenido definitivamente y para todos a los condenados, la sentencia del Tribunal Supremo».

Por otra parte, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, con sede en Barcelona, ha autorizado dos permisos especiales concedidos por la junta de tratamiento de la prisión de Lledoners a Jordi Sànchez en marzo y en mayo, a pesar de la oposición de la fiscalía. Los permisos, ya disfrutados, eran de seis días cada uno. Como ya ha hecho en otros autos, el juzgado considera que Sànchez tiene un riesgo bajo de reincidencia y tiene una buena actitud dentro de prisión. Además, recuerda que la fiscalía no se opuso a la concesión del segundo grado el diciembre pasado, cuando se estableció el itinerario de reinserción.