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Trabajadoras de residencias abren la vía judicial para que la covid-19 sea reconocida como enfermedad profesional

El procedimiento llega después de que las mutuas de trabajo denegaran la baja por incapacidad temporal a seis gericultoras

Las residencias tendrán que hacer pruebas diarias al personal y a los residentes.

Las residencias de personas mayores de Cataluña tendrán que hacer cada día un control epidemiológicoEfe

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Seis trabajadoras de residencias de personas mayores de Barcelona han abierto la vía judicial para que el coronavirus sea reconocida como enfermedad profesional. El procedimiento se inicia después de que las mutuas de trabajo denegaran la baja por incapacidad temporal a seis gericultores que trabajan en centros gestionados por Eulen y Sacyr. Según ha informado el Col·lectiu a Ronda, las mutuas argumentan que la fecha de inicio de las bajas es anterior a la entrada en vigor de la ley RDL 19/2020, que establece los procesos de incapacidad temporal derivados del contagio de la covid-19. No obstante, la cooperativa de abogados defiende que la incapacidad por covid-19 ya está recogida al Cuadro de Enfermedades Profesionales, en vigor desde el año 2006.
La ley RDL 19/2020 se aprobó el pasado 26 de mayo en pleno estado de alarma. Allí, se explicitaba el carácter profesional de las contingencias derivadas por la exposición al coronavirus que pudieran afectar al personal de los centros de personas mayores. Según el Col·lectiu Ronda, este texto «probablemente pretendía desactivar la posibilidad de conflicto con las mutuas a la hora de admitir el origen laboral de la patología». «Paradójicamente, sin embargo, está siendo esgrimido por las mismas mutuas con el fin de denegar las solicitudes de contingencia profesional que tengan causa en los procesos de incapacidad temporal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada a la norma», añade.

Tal como matiza Pau Estévez, miembro del equipo legal de la cooperativa de abogados, «ya se advirtió que esta disposición no sólo era innecesaria sino que incrementaba el riesgo de que se acabaran propiciando situaciones como las que ahora se están viviendo». Para Estévez, «no existe margen legal para negar la contingencia laboral de estos procedimientos de incapacidad causados por el coronavirus, ya que el Cuadro de Enfermedades Profesionales lo recoge así de forma explícita desde el 2006».

Para el sindicato Co.bas, esta situación es «la enèsima maniobra de las mutuas profesionales para eludir sus obligaciones legados y hacerse cargo del pago de las prestaciones pertinentes y de la asistencia médica».

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