Judicial
Sánchez, Rull y Turull piden a la jueza que los deje salir sin esperar al Supremo
La defensa argumenta que «no tiene sentido» mantener una medida cautelar si la magistrada considera que no tiene base legal
La defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull ha presentado un recurso contra el auto donde la jueza de vigilancia penitenciaria número 5 avala el tercer grado pero los mantiene en prisión a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. El escrito indica que «no tiene sentido» mantener una medida cautelar si la magistrada considera que no tiene base legal y que «el hipotético recurso de apelación» de la Fiscalía es «un futurible» que no se sabe «si pasará o no». Por eso reclaman mantener la suspensión cautelar que les permitiría salir de prisión mientras la Fiscalía no interponga el recurso. La defensa califica de «brillantes» los argumentos de la jueza que apuntaba que la Fiscalía actuaba con criterios «propios de un sistema decimonónico».
El escrito expone que en la situación actual haría falta un recurso de la Fiscalía y una posterior decisión del Tribunal Supremo para que se pudiera aplicar el tercer grado y los presos pudieran salir. «Si el Ministerio Fiscal decide no interponer recurso de apelación, ¿qué pasa con los días que se ha mantenido la suspensión del tercer grado?», se pregunta.
También argumenta se tiene que tener en cuenta que la magistrada «defiende sin tapujos la nula peligrosidad» de los presos y por tanto «la inexistencia del riesgo de rotura de condena o reiteración delictiva».
El recurso presentado este viernes se interpone «solo» contra la decisión de mantenerlos en prisión y avala el resto. «Esta parte subscribe en su integridad los brillantes razonamientos de fondo de la interlocutoria», según apuntan los tres recursos firmados por el abogado de la defensa, Jordi Pina.
Fue este miércoles cuando la juez de vigilancia penitenciaria 5 de Cataluña, María Jesús Arnau Sala, avaló el tercer grado para los presos, desestimando el recurso de la Fiscalía.
En la interlocutoria exponía que los siete condenados por el 1-O tienen que seguir en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva de manera definitiva los recursos de apelación presentados.
La magistrada apuntaba que los argumentos de la Fiscalía son «sesgados e interesados» y que se basan en principios «más propios de un sistema decimonónico e histórico del Estado anterior al siglo XX y muy anteriores» a la Constitución y a la normativa penitenciaria vigente.
En su argumentación, el escrito de la juez añadía que lo que se desprende de los argumentos de la Fiscalía es que quiere «dar un castigo ejemplar a los condenados en esta causa».