El gobierno español empezará a tramitar la petición de indulto a los presos políticos la semana que viene

El gobierno español empezará a tramitar el expediente del indulto a los presos independentistas la semana que viene, según ha afirmado este miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. El ejecutivo español tiene sobre la mesa la petición que presentó el abogado Francesc Jufresa el pasado 23 de diciembre para el indulto a los 12 condenados por el Tribunal Supremo. Salvo ha afirmado que lo hará «porque es lo que toca» la semana que viene. Según fuentes del Ministerio de Justicia una vez tramitados el gobierno español tendrá que escuchar las partes, el tribunal sentenciador y la Fiscalía. La resolución podría tardar a salir entre cuatro y seis meses.

Fuentes del Ministerio de Justicia han apuntado que las peticiones de indulto sobre los condenados por el proceso se empiezan a tramitar ahora –y no antes- porque ha habido un retraso en las gestiones fruto de una acumulación de solicitudes –para todo tipo de presos- en los últimos meses y en especial durante la pandemia.

Señalan que los trámites pasan en primer término por pedir a la Fiscalía y al Tribunal Supremo que emitan un informe sobre el indulto para cada condenado, porque el indulto es un proceso individual. De este modo el Supremo y la Fiscalía emitirán su opinión sobre cada uno de los procesados.

A pesar de que en un primer momento el Ministerio ha apuntado que el proceso puede durar entre cuatro y seis meses, posteriormente ha matizado que la tramitación de los indultos acostumbra a durar más de seis meses.

El indulto a los condenados por sentencia firme está regulado en la Ley del 18 de junio de 1870 y recogido tanto en la Constitución como al Código Penal. El gobierno español lo puede conceder de mutuo propio, a petición del tribunal sentenciador, de la Fiscalía o incluso de cualquier persona, que puede presentar la solicitud al Ministerio de Justicia.

Una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia abre el trámite, que pasa en primer lugar para pedir la opinión del tribunal sentenciador, la Fiscalía, y también de las partes que participaron al proceso judicial, así como en el centro penitenciario sobre la conducta del preso. En todo caso son opiniones no vinculantes.

Durante el trámite los abogados de las partes pueden pedir la excarcelación hasta que llegue la resolución. Después de escuchar las partes el Ministerio de Justicia elabora un informe donde recoge la situación del preso, su edad, si es o no reincidente, así como circunstancias personales. También puede incluir pruebas de arrepentimiento, a pesar de que esta cuestión no puede ser entendida como condicionante de la resolución.

El informe del Ministerio de Justicia llegará al Consejo de Ministros, que tendrá que decidir si concede o no el indulto. También puede hacer una estimación parcial de la petición. El indulto puede suponer la liberación pero no elimina los antecedentes del condenado. Fuentes del Ministerio de Justicia apuntan que todo el proceso acostumbra a durar entre cuatro y seis meses de media.

Si se concediera por parte del gobierno, el indulto tendría que llevar la firma del rey Felipe VI. Según el artículo 62 de la Constitución corresponde al rey «ejercido el derecho de gracia según la ley».

El ministro de Justicia anuncia el inicio de los trámites en el Congreso

Salvo ha hecho estas manifestaciones en el Congreso en respuesta a una pregunta de la portavoz de JxCAT, Laura Borràs, que ha recordado que la actuación de la Justicia española contra el proceso independentista ha generado 2.850 represaliados y ha negado que se trate de una institución «independiente». «La justicia española es más española que justicia. Gestionen el conflicto desde la política», ha dicho Borràs a Salvo.

El ministro de Justicia ha afirmado que «España es un estado social y democrático de derecho con un poder judicial independiente y un ministerio fiscal autónomo», y ha insistido en que su gobierno tiene que «velar» por el cumplimiento de la ley. «No puedo compartir su idea de que la justicia está a la deriva, porque aunque es mejorable, hoy va unida y todos vamos en la misma línea».

«Acatamos y respetamos todas las resoluciones de los tribunales y estamos plenamente dispuestos al diálogo», ha dicho el ministro, que ha apuntado también que su ejecutivo tramita con «normalidad democrática» todo tipo de expedientes y archivos, y «también los indultos que le preocupan», que «se empezarán a tramitar la semana que viene».

Salvo defiende la reforma de la sedición

El ministro de Justicia también ha defendido en el Congreso la reforma del delito de sedición. Lo ha hecho en respuesta a la pregunta del diputado del PP Luis Santamaría, que ha afirmado que la respuesta a la mano que el PP tiene extendida «será una amnistía» a los presos, hecho que es «una traición al diálogo» con los populares «que están proponiendo».

En su respuesta, Salvo ha recordado que el derecho penal «es una cosa viva» que tiene que encontrar el «tono justo» y «es normal que ante una realidad cambiante» se reforme. «Tenemos que hablar también del orden público», ha dicho, y ha recordado que Sánchez ya dijo en el debate de investidura que hay que reformar los delitos de rebelión y sedición. «En eso estamos y esperamos contar con ustedes».

«Tenemos que reformar el Código Penal porque hay un nuevo orden a proteger y hay que analizar porque nuestro derecho se separa de los códigos penales francés, italiano o alemán. Mire las figuras y la doctrina y verá porque lo tenemos que hacer. Y cuando llevemos esta ley al Congreso llevará todos los informes pertinentes y se abrirá un amplio debate. Den apoyo al debate, al diálogo y a una mejor España, porque en este proyecto de país es donde les queremos ver», ha sentenciado.