Los jóvenes necesitan el 120% del salario para pagar el alquiler y sólo el 20% pueden vivir emancipados

El informe refleja que las dificultades de los jóvenes emancipados son consecuencia del paro, la subida de los precios y unas políticas públicas «insuficientes». Además, seis de cada 10 jóvenes inquilinos asegura haber sufrido algún abuso, siendoel más común los precios abusivos (17,8%), la no realización de obras de mejora o no retorno de cantidades adelantadas (17,3%), la exigencia de fianzas o garantías abusivas (14,9%), la subida de precio en la prórroga y no renovación para especular (11,7%) o la falta de información y transparencia (11,5%). Por otra parte, el 76% de los jóvenes aseguran que el precio de la vivienda les impide vivir en el barrio o municipio donde querrían.

Ante esta situación, el CNJC ha pedido activar mecanismos de control y cumplimiento específicos entodas las administraciones de las mejoras recientes en el marco legal de protección de los jóvenes inquilinos. Así, recomienda consolidar la última reforma sobre el tope de precios y promover y realizar nuevas reformas legislativas complementarias para regular los precios de alquileres.

También ha apuntado que hace falta dotar de más información a los jóvenes inquilinos sobre sus derechos y recursos de defensa contra los abusos, generar información y aumentar la dotación de recursos de las oficinas de vivienda y articular un «verdadero» sistema de políticas públicas de viviendas destinado exclusivamente al colectivo de jóvenes en régimen de alquiler que cuente con sus aportaciones.

Otra de las recomendaciones es aumentar «de forma sustancial y decidida» el parque asequible protegido de alquiler permanente y las ayudas, con programas y reservas propias para los jóvenes. En este sentido, el CNJC considera que hace falta una diagnosis objetiva y específica sobre las necesidades de vivienda de los jóvenes arrendatarios y sobre la oferta actual, fiscalizar la oferta emergente de las residencias universitarias e impulsar una revisión de los convenios. Además, apuestan por elaborar un sistema de datos e indicadores para poder evaluar la situación.

El objetivo final tiene que ser aumentar la tasa de emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda protegida de alquiler, reducir los ingresos que tienen que destinar a pagar el alquiler, equiparar las ayudas al peso real de los jóvenes inquilinos, reducir las ayudas familias para costear la vivienda, así como la preocupación del colectivo, y evitar que los motivos económicos provoquen la no emancipación.