La Guardia Civil hace a 31 registros y 21 detenciones en la operación 'Volhov' contra empresarios independentistas

En la operación se investigan varias vías de financiación con fondos públicos «de actividades irregulares ajenas al destino legal» que tenían el dinero. En los cacheos se ha intervenido gran cantidad de documentación, soportes informáticos, y teléfonos móviles para analizarlos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La operación de la Guardia Civil, nombrada 'Volhov', ha consistido en 31 cacheos en ocho partidos judiciales de las demarcaciones de Barcelona y Girona y 21 detenciones por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. La investigación deriva de las supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona y la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes.

Entre los detenidos, aparte de Vendrell, retenido en su domicilio de Sant Joan Despí, está el empresario Oriol Soler; David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas y directivo de Aigües de Catalunya; Toni Fusté y Roc Aguilera, de Events; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar; Josep Campmajó, empresario de Girona; Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont; Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes; y Jordi Serra, interventor delegado de Presidencia en la etapa Puigdemont al frente de la Generalitat.

Durante la investigación se descubrió una supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos por la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en Cabrera de Mar (Maresme), en la zona denominada Complex Villa Bugatti, destinado a bodas y grandes acontecimientos. La escuela la tenía que sacar adelante la FundacióEl Brot, que ya tiene otro centro en el Baix Llobregat y está presidida por Vendrell.

Además de la recalificación, se constataron adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departamentd'Educacióde la Generalitat en la concesión del concierto en la escuela y la modificación irregular del terreno rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrera. Dos de las personas detenidas por la Guardia Civil son la directora general de centros concertados y privados de la Generalitat, Pilar Contreras, y Marta Molina, profesora de un instituto del Baix Llobregat y también exconcejala de ERC en Sant Joan Despí (Baix Llobregat), mismo municipio donde reside Vendrell y sede de la FundacióEl Brot.

Subvenciones de la Diputación de Barcelona

Esta investigación, secreta durante un año y medio, la dirige el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, después de abrir una pieza separada en la causa contra supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades soberanistas, entre las cuales hay próximas a la antigua CDC, como CATMón e Igman. En mayo del 2018 la Policía Nacional entró en la sede de la institución para registrarla e hizo varias detenciones de altos cargos. En marzo de este 2020, poco antes del confinamiento, el juez decidió citar a declarar como investigados en 49 personas. Entre los investigados está el diputado de JxCat Francesc de Dalmases, También se investiga el presidente de la Fundación CATMón, Víctor Terradellas, entidad afín en CDC, y el expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve. La causa investiga posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

El auto dictado por el juez llegaba después de un informe de la Guardia Civil de principios de febrero que pedía la imputación de 48 personas y que apuntaba que parte del dinero de la Diputación de Barcelona destinado a entidades sirvió para pagar facturas del proceso.

El juez estableció ocho piezas separadas divididas por las subvenciones destinadas por la Diputación de Barcelona a varias entidades. Así, por ejemplo, establece piezas a las subvenciones en CATMón e Igman; Voltia Solutions, Pimec, Setrategic y Konsector, y Utopía; Fundación Privada Empresa y Clima; Plataforma Educativa y Utopía; Funiber; Grupo IGFA y M. Costa Rica, y Ecosde. El juez detalla a las personas que considera que participaron en la tramitación de cada subvención, tanto por parte de la Diputación como de cada entidad.