Amnistía Internacional reclama la liberación de Sànchez i Cuixart para poner fin a la «injusticia» que viven

Amnistía Internacional ha vuelto a pedir la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y poner así fin a la «injusticia» que viven desde hace tres años. La organización ha afirmado que los tres poderes del Estado «tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos». Así, ha apuntado que la fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) tiene que impulsar pronto una resolución del recurso de amparo interpuesto por los presos, instante a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo (TS). La organización ya apuntó en el 2019 que la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Ha instado también al indulto y a la reforma del delito de sedición.

Con respecto al poder ejecutivo, lo ha instado a habilitar herramientas idóneas para que Sànchez y Cuixart sean puestos en libertad. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltran, ha asegurado que este poder tiene la oportunidad de tramitar pronto los expedientes de indulto y ha valorado que cualquier medida que suponga «poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenido por Amnistía».

Por último, ha instado el poder legislativo a emprender como antes mejor la reforma del delito de sedición, «que vulnera el principio de legalidad». Amnistía ha expresado su preocupación para que este tipo delictivo se haya utilizado contra Sànchez i Cuixart, que ha considerado que se ha utilizado «de manera extensiva» por el Supremo. Ha alertado de que eso podría abrir la puerta en un futuro a mayor criminalización de actos directamente relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

Delante de eso, Beltrán ha afirmado que el poder legislativo tiene que impulsar una reforma del delito de sedición «para garantizar que no se criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni se imponen penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica, tal como ha pasado en este caso».

Por último, ha esperado que el Supremo resuelva lo antes posible la «confirmación» de la progresión en tercer grado autorizada por las autoridades penitenciarias catalanas.