El Govern reduce el IRPF a los ciudadanos con ingresos inferiores a 22.000 euros en ERTE o paro

La deducció autonómica puede beneficiar a 250.000 persones

Plano general del Consejo Ejecutivo del Gobierno en Palau — El Gobierno aprobará el martes un decreto para impedir que se penalicen las rentas más bajas que se han beneficiado de un ERTEACN

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Creado: 03.11.2020 | 15:26

Actualizado: 03.11.2020 | 15:26

El Govern ha aprobado este martes un Decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal para dar respuesta a las dificultades económicas del sector turístico y «proteger» a los trabajadores con más precariedad laboral, según ha explicado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. El ejecutivo ha creado una deducción autonómica del IRPF para personas con unos ingresos anuales de entre 14.000 y 22.000 euros brutos y más de un pagador. El objetivo de esta medida es evitar la «penalización» de los trabajadores que este año hayan cobrado una parte del sueldo de su empresa y otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas derivadas de situaciones d'ERTE o de prestaciones de desempleo.

La regulación actual del IRPF establece que no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que hayan percibido rendimientos íntegros del trabajo del mismo pagador por importe inferior de 22.000 euros brutos anuales. En cambio, si los rendimientos provienen de dos o más pagadores, la declaración se tendrá que presentar a partir de 14.000 euros brutos anuales recibidos. El objetivo de la nueva medida es evitar la «penalización» de los trabajadores con ingresos inferiores a 22.000 euros afectados por ERTE o en paro.

Esta deducción autonómica del IRPF podría beneficiar a 250.000 personas en Catalunya y supondrá una pérdida de ingresos para la Generalitat de 16,3 millones de euros en el presupuesto de 2022. El contribuyente presentará la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2020 durante los meses de mayo y junio de 2021 y el Estado liquidará el resultado de este ejercicio a la Generalitat en el 2022.

El Decreto ley también prevé el aplazamiento del incremento de las tarifas y la aplicación del recargo en la ciudad de Barcelona hasta el 1 de junio del próximo año. Esta medida tenía que entrar en vigor el pasado mes de julio pero el Parlamentvalidó proponerlo hasta el 1 de enero. Ahora, el Govern ha decidido aplazar todavía más la entrada en vigor de la medida, ya que la situación sanitaria «hace difícil prever que los establecimientos turísticos funcionen con normalidad» en enero.

El impacto en la recaudación de esta medida supone la pérdida adicional de 2,9 millones de euros con relación a la situación vigente.