Trece investigados más por el corte del Tsunami Democrático en la Jonquera se niegan a declarar ante el juez
«Si tener una red social y colgar fotos es un delito que baje Dios y nos lo explique», dice al abogado de dos investigados del Baix Camp
En este sentido, las diferentes defensas se muestran «tranquilas» ya que consideran que no se trata de ningún ilícito penal y esperan el sobreseimiento de la causa. La portavoz de Alerta Solidaria, Eva Pous, lamenta que el proceso judicial continúe adelante y asegura que se trata de una causa que «no se aguanta por ningún sitio».
«Esperamos que eso se acabe archivando, tal como indica la lógica. De hecho, no se tendría que haber llegado a incoar nunca porque estamos hablando de una manifestación, de un derecho fundamental. El hecho que haya salido adelante, ya es una anomalía», señala Pous.
La abogada ha lamentado la cantidad de recursos públicos que se están destinando a este procedimiento y considera que si no se ha archivado todavía es por «interés político». «Lo que se ha querido es buscar un castigo ejemplar contra las personas que se manifestaron aquel día», señala a la letrada.
En plena pandemia
Buena parte de los trece citados a declarar de este viernes eran de poblaciones de lejos de Figueres. Algunos incluso se habían levantado a las 5 de la madrugada para poder llegar a tiempo. Pous lamenta que el juez haya denegado repetidamente la posibilidad de hacer las declaraciones a través de videoconferencia o bien desplazarse al juzgado más próximo a su domicilio «aunque estamos en plena segunda oleada de pandemia».
Uno de los abogados que se ha tenido que desplazar para estas declaraciones es Jonathan Cortijo, que defiende a dos personas del Baix Camp. Explica que están «muy tranquilos» en relación a los hechos que se investigan y cree que la causa se acabará archivando.
De todos modos, Cortijo explica que todavía no han pedido el sobreseimiento del caso por el «talante del juez». En este sentido, el abogado ha cargado contra los atestados «kafkianos» hechos por la policía y que incluyen capturas de pantalla de redes sociales y páginas web donde sus clientes cuelgan fotografías con simbología independentista. «Si eso es un delito que baje Dios y nos lo explique, porque jurídicamente eso no se aguanta por ningún sitio,» ha concluido al abogado.