Diari Més

Vivienda

El Parlament valida el decreto que prohíbe desahuciar en pisos de grandes tenedores hasta que se ofrezca un alquiler social

Calvet defiende que «mejora» la normativa estatal «absolutamente insuficiente» y el PPC anuncia que lo llevarán al TC

Imagen de varias viviendas en Tarragona

La CUP propone destinar 4 millones de euros para vivienda de alquiler social a TarragonaCristina Aguilar

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El Parlamentha validado este miércoles el decreto ley del Govern que prohíbe los desahucios mientras dure el estado de alarma hasta que el gran tenedor propietario de la vivienda ofrezca un alquiler social obligatorio. La norma ha obtenido el aval de JxCat, ERC, CatECP y la CUP-CC y afecta a los hogares considerados vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. El PPC ha votado en contra y ha anunciado que lo llevarán al Tribunal Constitucional (TC). Ciudadanos y el PSC-Units se han abstenido.
Las personas y familias vulnerables son aquellas que ya acreditaron su condición antes de la llegada de la pandemia de covid-19, las que ocupan el piso donde viven desde antes de en junio de 2019 sin título habilitando, los casos de extinción del contrato de alquiler con un gran tenedor o los hogares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias. De forma excepcional, también quedan llenadas por el decreto las personas o familias en que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el 25 de octubre de este 2020 –inicio del actual estado de alarma– siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad y dispongan del correspondiente informe social. En este caso, sin embargo, no es obligatorio ofrecerles un alquiler social.

La norma también especifica que si los Mossos d'Esquadra o las policías locales reciben una denuncia solicitando medidas cautelares relativas a desocupaciones de viviendas de personas en riesgo de exclusión residencial, tendrán que solicitar un informe urgente a los servicios sociales competentes y comunicar el procedimiento en la Fiscalía.

El conseller de Territori i Sostenibilitat en funciones, Damià Calvet, ha defendido la aprobación de este decreto ley por parte del Govern porque «responde a un clamor social y a las propuestas de muchos de los grupos» del Parlament. Además, ha asegurado que «mejora» la normativa estatal, que es «absolutamente insuficiente» porque sólo cubre los casos hasta el 1 de enero de 2021. La norma catalana, en cambio, se mantendrá mientras dure el estado de alarma, que está previsto que siga en vigor hasta mayo.

«Hemos puesto a las personas más vulnerables por delante de todo», ha afirmado Calvet, que ha garantizado que da herramientas «lo bastante sólidas» a los jueces con el fin de proteger el derecho a la vivienda ante casos de desahucio. Por eso, ha pedido que «se active con urgencia».

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