El TSJC suspende la denegación del concierto en las escuelas de primaria que segregan por sexo

En su auto, el TSJC dice que «la pérdida del concierto supondrá que las familias tengan que asumir el coste de la enseñanza, y, en consecuencia, que algunos padres decidan cambiar a sus hijos de colegio, sobre todo en la situación de crisis económica actual. Este cambio de colegio exigirá a las familias afectadas una adaptación al nuevo centro, cosa que afecta a los alumnos, que se verán apartados de sus compañeros, tendrán que adaptarse a la metodología del nuevo colegio, adaptación que requiere un tiempo más o menos largo y que tarro, incluso, repercutir en sus resultados académicos».

Los magistrados alegan que sería muy difícil que los alumnos pudieran volver al centro si finalmente la decisión final es mantener el concierto. Además, se causarían importantes daños económicos enlas escuelas afectadas. Por eso, decide mantener la situación actual a la espera de la decisión judicial final.

Por último, el TSJC se basa en otros recursos similares en el resto del estado donde el Supremo ha decidido cautelarmente mantener el concierto.

Hay pero un voto particular del magistrado Pedro Luís García, que se muestra en contra de la decisión mayoritaria de aceptar las cautelares. El juez lo defiende asegurando que faltan pruebas y hay una «ocultación de datos relevantes». Tampoco ve acreditados los perjuicios ya que asegura que, en todo caso, será en el periodo de matriculación cuando se conozcan las inscripciones de alumnos y la afectación que puede tener la no renovación de los conciertas en aquets centros. Por último, ve una «falta absoluta de apariencia de buen derecho reforzada en la rechazada nulidad radical de la solicitud de requerimiento de presentación de los proyectos educativos, exigidos por norma en rango de ley y avalados por el TC para reconocer la constitucionalidad del precepto que permite la educación segregada por sexos».

Los centros afectados, han recordado a través de un comunicado que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 reconoció «que los centros de educación diferenciada tienen que poder acceder al sistema de financiación púbica en condiciones de igualdad con respecto al resto de centros educativos sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada se pueda convertir en un obstáculo para el mencionado acceso». Por eso, ha confiado también en que el TC declare la inconstitucionalidad del artículo de la nueva ley española de educación que establece que las escuelas tienen que ser mixtas para recibir financiación pública.

La consejera delegada de la Institución Familiar de Educación (que agrupa seis de las 11 escuelas afectadas), Teresa Martínez, ha asegurado que seguirán defendiendo «con firmeza» el derecho a escoger el modelo de organización escolar en condiciones de igualdad. «La experiencia de los últimos años nos ha demostrado que cuando los gobernantes legislan anteponiendo la ideología al estado de derecho, los tribunales siempre nos han dado la razón, como ha quedado patente enlas diversas sentencias favorables en nuestras escuelas», ha añadido.

Las escuelas ofrecieron 1,8 MEUR de fianza y el TSJC lo ha aceptado. En total, las afectadas son siete instituciones que representan once escuelas.