El Parlament se adelanta en el Congreso reconociendo a las mujeres trans sin hormonar

El Parlamento de Cataluña aprobará este próximo jueves la nueva ley contra la violencia machista, que pondrá al día la legislación abordando por ejemplo el acoso digital y que incluye también a las mujeres trans, consideradas así también aquellas que no han recibido tratamiento, la brecha política en el Congreso entre PSOE y Podemos.

El nuevo texto pide reconocer como mujeres trans a las que se identifican como tales sin mediar, como en la ley de 2008, la obligación de tener que aportar un informe de disforia de género y dos años de tratamiento para poder ser atendidas en una oficina de atención contra la violencia machista.

«Antes se 'patologizaba' a las mujeres trans y se pedía que hubieran pasado un tratamiento para su 'patología' cuando en tu DNI no ponía que eras mujer. Hemos querido dar un paso adelante y eliminar estos requisitos que eran patologizadores», ha explicado la relatora de la propuesta, Susana Segovia (Comuns).

Este punto sin embargo es uno de los que ha llevado a populares y socialistas catalanes a la abstención. Bea Silva (PSC) ha explicado a Efe que el sentido de su voto se explica en que al considerar a las trans como mujeres no hace falta explicitarlo.

Silva, que ha llamado la atención sobre la premura de los trabajos con los que se ha llevado a cabo la tramitación, lamenta que no haya habido prácticamente trabajo de puesta en común con las entidades feministas que sí ayudaron a coser la ley en 2008.

En el Congreso existen en el mismo sentido discrepancias de cara a la futura ley de transexualidad en el seno de la coalición por el PSOE, en las línea de las históricas asociaciones feministas, y Unidas Podemos, que como los Comuns apuestan por la autodeterminación de género.

Así, en el artículo 2 del nuevo texto, con amplia mayoría para aprobarse, se dice que «las referencias a las mujeres incluidas en esta ley se entiende que incluyen las niñas y las adolescentes, y, por tanto, también las mujeres, niñas y adolescentes transgénero».

Y añade: «las mujeres transgénero que no tienen la mención de sexo registrada como mujer en la documentación oficial se equiparan, a los efectos de esta ley, a las otras mujeres que han sufrido violencia machista en la medida que se reconocen como mujeres».

Fuera ha quedado, por falta de apoyos suficientes, la primera propuesta de los Comuns, que incluía también a «las identidades no binarias o las que no quieren relacionarse con ningún espectro de género binario», según los textos preliminares a los que ha tenido acceso Efe.

Más allá del ámbito de aplicación, la puesta al día doce años más tarde de la ley de violencia machista destaca por recoger nuevas formas como la violencia digital y la violencia institucional.

En el primer caso se incluyen comportamientos como el control del teléfono móvil de la pareja o el «acoso por whatsapp», así como también la difusión de imágenes a terceros para vejar a la mujer.

Como violencia institucional se considera toda «dejación de funciones» por parte de la administración en protección y reparación a la víctima de violencia machista, por ejemplo por parte de un juzgado que no permite a la mujer declarar en dependencias separadas de su agresor o de un agente de los mossos que no sigue la diligencia debida cuando la mujer da el paso de denunciar.

«Respecto a 2008, se amplía la concepción de la violencia machista a todo el sistema de relación de poder de hombre a mujer y que va más allá de la pareja. Pasamos del ámbito privado al comunitario y también con respecto a la reparación», ha destacado la diputada de ERC Jenn Díaz.

Asimismo, también está previsto que salga adelante un apartado sobre la violencia machista en los partidos políticos, que obligará a que tengan protocolos de actuación por acoso en el seno de sus formaciones todos los actores políticos, un punto que podría afectar directamente a Vox si entra en el Parlament tras el 14F.

La formación de ultraderecha y el resto de formaciones también deberían ajustarse a la obligación de exigir a los nuevos miembros y militantes no tener antecedentes de violencia machista y en su caso suspenderlos de militancia.