Forcadell podrá pedir permisos a partir de mañana y Junqueras desde el sábado
Podrán ser de hasta siete días consecutivos y hasta un máximo de 36 días al año
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La expresidenta del Parlament Carme Forcadell podrá pedir permisos, de hasta siete días consecutivos y hasta un máximo de 36 días al año, a partir de mañana, al cumplir una cuarta parte de su condena, al igual que ocurrirá desde el próximo sábado con el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Al estar clasificados en segundo grado -aunque pendientes de que la secretaría de Medidas Penales de la Generalitat decida si acepta la propuesta de las cárceles donde cumplen condena para volver a clasificar a los presos del procés en tercer grado-, Forcadell y Junqueras podrán pedir hasta un máximo de 36 permisos al año.
De esta forma, Forcadell y Junqueras podrán disfrutar de permisos desde casi el inicio de la campaña para las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, que arranca la medianoche de mañana.
De los nueve líderes del procés en prisión únicamente quedarán por cumplir una cuarta parte de su condena, tras Forcadell y Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en su caso el próximo 11 de febrero, a tres días de las elecciones autonómicas.
La dirección de ERC ya anunció ayer que espera que su líder, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes del partido en prisión puedan participar en la campaña del 14F, ya que al cumplir una cuarta parte de sus condenas tendrán permisos penitenciarios, aunque ignora todavía en cuántos actos y en cuáles podrán estar presentes.
Los primeros presos del procés en cumplir una cuarta parte de la condena fueron el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el 14 de enero de 2020, a los que siguieron el exconseller Josep Rull -el 2 de febrero de 2020-, y el exconseller Joaquim Forn -el 16 de junio de 2020-.
Al estar clasificados en segundo grado penitenciario, los presos del procés que han cumplido una carta parte de la condena pueden pedir 36 días de permiso al año, con un máximo de siete días seguidos, que la Junta de Tratamiento de las cárceles evalúan en función de su evolución, siguiendo como criterios básicos si han tenido una buena conducta y la previsión de retorno al centro.
En los casos de permisos de hasta dos días, en los presos de segundo grado, una vez solicitados por el interno, los propone la Junta de Tratamiento y los resuelve el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, mientras que para los de entre tres y siete días los propone la Junta de Tratamiento y los resuelve el juzgado de vigilancia penitenciaria.
El número de días consecutivos para los permisos, que se disfrutan sin acompañamiento de profesionales penitenciarios, puede crecer progresivamente si la evolución del interno es positiva.
No obstante, esta situación podría cambiar si la secretaría de Medidas Penales acepta la propuesta que plantearon el pasado 14 de enero las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas para que los nuevo presos del procés vuelvan a estar clasificados en el tercer grado, por el que únicamente irían a prisión a dormir de lunes a jueves.
Una vez las cárceles de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses propusieron el pasado 14 de enero el tercer grado para los nueve líderes independentistas -apenas un mes después de que el Tribunal Supremo lo revocara-, la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la consellería de Justicia de la Generalitat dispone de un plazo máximo de dos meses -hasta el 14 de marzo- para decidir si lo concede.
En caso de que la Generalitat acordara conceder de nuevo el tercer grado a los presos del procés, la Fiscalía tendría oportunidad de recurrir, primero ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.
Si los presos estuviesen en tercer grado, cuando hayan cumplido una cuarta parte de la condena podrían disponer de 48 días permisos al año, también con un máximo de siete días consecutivos, aunque en su caso la decisión final recaería en el servicio de Medio Abierto de la Secretaría de Medidas Penales y no en el juzgado de vigilancia penitenciaria.