Sociedad
El Gobierno estudia crear una base de ADN para localizar bebés robados
Una comisión especializada propone abrir una oficina y un portal de transparencia para identificar el máximo de casos
Piden 5 años de prisión para|por una mujer que secuestró a un bebé en Guadalajara
El plan de acciones incluye también la creación de un registro o base de datos con bebés y familiares de víctimas de las sustracciones, donde aparecería toda la información relativa a las circunstancias de la desaparición que puedan ser utilizadas para resolver los casos. La estrategia, en el mismo sentido, prevé una recogida de datos e información de expedientes, archivos de maternidades y centros médicos presuntamente implicados, registros civiles, juzgados de paz, iglesias, prisiones, archivos judiciales y fondos históricos y bibliotecas.
El documento también apuesta por promover ante los organismos, administraciones y poderes públicos competentes las investigaciones en trámite y abrir de oficio nuevas. El grupo de trabajo también plantea la creación de una oficina especializada para atender y orientar a las víctimas, con la creación de un Portal de Transparencia, Restauración y Aportación de Datos. En la misma línea, propone formar profesionales y crear un grupo especializado para preparar posibles reencuentros.
Los primeros casos de bebés robados se produjeron en acabarla Guerra Civil, como método de represión del régimen franquista contra las mujeres republicanas encarceladas y exiliadas. Los hijos en edad temprana eran sustraídos de sus madres biológicas e ingresados en instituciones de acogida estatales con la finalidad de entregarlos a familias afines al régimen. Hacia los años 50, la sustracción de menores se convirtió en un negocio con la justificación ideológica y moral del nacional-catolicismo. Las víctimas eran madres solteras, madres menores de edad, prostitutas o mujeres sin recursos. Enlos años 80 y primeros de los 90, el fenómeno persistió como un negocio con una red criminal de profesionales consolidada con pediatras, maternidades y religiosos.
Según el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, hay 400 denuncias de particulares presentadas entre el 2010 y el 2014. La misma fuente, sin embargo, calcula en decenas de miles los casos de bebés robados entodo el Estado, aunque no existe ningún cálculo fiable sobre el alcance del fenómeno en Cataluña. La mayor parte de los casos ya han prescrito. La mayoría de denuncias quedan archivadas por la dificultad de identificar a los supuestos responsables de los hechos.