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Los propietarios de los locales comerciales están obligados por ley a rebajar el precio del alquiler

La consellera de Justícia reitera que Cataluña tiene competencia exclusiva en derecho civil y que el decreto español no es aplicable

Local comercial del centro de Tarragona vacío, una imagen que cada vez va en aumento.

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La consellera de Justícia, Ester Capella, ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» a los propietarios de los locales de los centros comerciales afectados por las restricciones de la actividad para contener la pandemia para que rebajen el precio del alquiler al 50% y ha recordado que están obligados después de la aprobación del decreto ley enCataluña y posterior convalidación en el Parlament. «Si desaparecen los negocios, los locales comerciales ya no servirán para nada ni para nadie», ha advertido la consellera después de reunirse con el presidente de Comertia, David Sánchez. Capella ha reiterado que Cataluña tiene competencia exclusiva en derecho civil y que el decreto aprobado por el gobierno español, que prevé un aplazamiento del pago de dos años, no es aplicable.

«No hay ninguna duda sobre la ley vigente. Los tejemanejes legales son inadmisibles», ha subrayado la consellera de Justícia, que ha añadido que «hay demasiado en juego». «Para hacer negocios en Cataluña, se tienen que respetar el legislativo de Cataluña. Aquí, hemos decidido que el peso de la crisis se tiene que repartir», ha continuado. En la ley catalana, se establece un mes para que las dos partes lleguen a un acuerdo voluntario y si no es así es cuando se aplica un 50% de la rebaja del importe del alquiler o de la parte correspondiente de la limitación horaria o de aforo.

Capella ha señalado que el decreto ley catalán se válido para todos los titulares de los locales y propietarios de los negocios y que busca «repartir los costes proporcionalmente para que todos recaigan en la misma parte» y proteger la actividad económica. «Tenemos que evitar el cierre de empresas, sea como sea. Si cierran ya no se podrán recuperar y si eso pasa la recuperación económica es todavía más difícil», ha sentenciado.

Por todo ello, la consellera ha advertido a los propietarios que se niegan a rebajar el precio del alquiler de que el incumplimiento de la ley catalana se puede traducir con el retorno del importe cobrado indebidamente más una indemnización por daños y perjuicios.

Por su parte, el presidente de Comertia, David Sánchez, ha lamentado que todavía un 5% de los propietarios se hayan negado a aplicar las rebajas del 50% en el precio del alquiler de los locales y que insistan en adoptar el decreto español. Sánchez también ha pedido «responsabilidad» a los propietarios y les ha pedido afrontar los efectos de la crisis económica «todos juntos». «Habrá pérdidas y se tendrán que compartir», ha apuntado el presidente de Comertia, que también ha indicado que «no pueden haberganadores ni vencidos» ya que el objetivo tiene que ser «la supervivencia» y que las compañías y los puestos de trabajo se mantengan.

El texto aprobado por el gobierno español se aplica si el propietario del local es un gran tenedor y si el titular de negocio es una pyme o un autónomo, mientras que en Cataluña se extiende a todos los negocios. Además, prevé un aplazamiento de los pagos repartidos en los dos años posteriores a la finalización del estado de alarma.

A pesar de este escenario, Sánchez ha celebrado que un 95% de los propietarios hayan aceptado renegociar las condiciones del alquiler y se hayan llegado a acuerdos «de forma proporcional» e incluso «negociando mes a mes» delante del 5% que «malinterpretan» una norma muy clara. En este sentido, tanto Sánchez como la consellera han remarcado que la aplicación del decreto español es sólo para aquellas comunidades que no disponen de derecho civil propio.

La consellera y el presidente de Comertia han hecho estas declaraciones después de mantener una reunión «provechosa» en que Sánchez ha trasladado la situación por la que atraviesa actualmente el sector. Aparte de la cuestión de los alquileres, Sánchez ha pedido que se puedan aplicar otras medidas como la extensión de los ERTEhasta a final de año, una inyección de liquidez para parte de todas las administraciones después de que los negocios hayan agotado sus propios recursos y los créditos ICO y una rebaja de dos o tres puntos del IVA y en otros impuestos.

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