Diari Més

La JEC desestima la denuncia de Vox contra Aragonés

El árbitro electoral considera que las manifestaciones del candidato de ERC están amparadas por la libertad de expresión

El vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, durante la sesión de la Diputación Permanente parlamentaria.

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La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia que Vox presentó contra el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, por unas manifestaciones donde, según la formación de extremadreta, «animó la violencia» contra su formación. Según la JEC, las manifestaciones de Aragonés sobre la necesidad de «luchar contra el fascismo» se enmarcan en el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión, y cualquier otra pretensión por parte de la formación ultra se tiene que vehicular a través de la justicia penal, y no de la administración electoral.
Vox denunció Aragonés ante la Junta Provincial de Barcelona por unas manifestaciones en un mitin donde –según el escrito de la formación de Santiago Abascal- afirmó que había que luchar contra el fascismo, como los años treinta, con la columna Macià-Companys. Según Vox, son manifestaciones que tienen «como única finalidad incitar el odio».

La Junta Provincial de Barcelona, sin embargo, acordó desestimar la denuncia porque entendía que las expresiones utilizadas por Aragonès, «aunque sean desafortunadas, tienen que ser analizadas en el contexto en qué se hicieron», un mitin político dentro de la campaña electoral dirigido a jóvenes.

Vox elevó el recurso entonces a la Junta Electoral Central, que ha acabado decidido en la misma dirección que lo había hecho la Junta Provincial y, por lo tanto, desestimando el recurso de la formación de Santiago Abascal.

Según la JEC, el recurso de Vox «no puede prosperar» porque el trabajo de la administración electoral «no es examinar los posibles excesos que puedan cometer los candidatos durante la campaña electoral en el ejercicio fundamental de la libertad de expresión».

Los competentes para analizarlo, según la JEC, «son los tribunales que ejercen la jurisdicción penal», y por lo tanto «está allí donde se tienen que plantear estas pretensiones».

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