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El TSJC mantiene las restricciones en la restauración y el juego en Cataluña

El tribunal rechaza, con dos votos particulares, suspender cautelarmente los límites horarios y de aforo

Imatge d'arxiu de la terrassa d'un bar.

Nuevas medidas para parar la covid: qué se puede hacer y qué noACN

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por el sector de la hostelería y la restauración contra las restricciones por la covid-19. En dos autos, con dos votos particulares, mantiene el cierre de los salones de juego, bingos y casinos, y las limitaciones de horarios y aforos en bares y restaurantes. El recurso lo presentaron varias organizaciones como la Fecasarm, Federació d'Hostaleria de Lleida o el Gremi Català de Bingos, entre otros, contra el decreto del 6 de febrero pasado que prorrogaba las medidas impuestas de hace semanas.

Los empresarios pedían relajar las restricciones de horarios y aforo manteniendo determinadas medidas higiénicas, alegando que no hay justificación científica ni datos sanitarios que justifiquen unas limitaciones que consideran desproporcionadas. De hecho, alegaban que las restricciones actuales ya han golpeado muy fuerte el sector, algunos establecimientos de los cuales no podrán reabrir nunca más, y afectan a más de 200.000 puestos de trabajo.

La Generalitat se opuso a la petición de cautelares y el tribunal considera que los recurrentes no aportaron datos que desmintieran los informes sanitarios del Gobierno. Además, considera que actualmente hay riesgos añadidos como la nueva variante británica o las elecciones al Parlament, que pueden incrementar el número de casos. Por eso, los magistrados considerarían «imprudente» relajar las medidas restrictivas. Los daños económicos causados por las medidas, dice el tribunal, se pueden recuperar posteriormente.

Los dos votos particulares alegan que no hay plazo previsto de finalización de las medidas y que los datos epidemiológicos han mejorado desde que se decidieron las restricciones. También consideran que algunas medidas no están lo bastante justificadas médicamente y que incluso requerían autorización previa judicial.

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