El Supremo prevé juzgar este miércoles y jueves a Joan Josep Nuet por desobediencia cuando estaba en la Mesa del Parlament

En su escrito de defensa, Nuet pide su absolución porque, según él, la Mesa no puede limitar la iniciativa parlamentaria, que había que priorizar el debate parlamentario y que este debate era «necesario». No obstante, también recuerda que él votó contra varias iniciativas parlamentarias que consideraba que iban contra las resoluciones del Tribunal Constitucional. El escrito explica que CSQP decía en su programa electoral del 2015 que se necesitaban los mecanismos legales para conocer la voluntad de los catalanes a través de un referéndum o consulta con garantías y acordado.

El escrito recuerda que la creación de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, en enero del 2016, fue avalada por el letrado mayor del Parlamenty fue llevada al pleno de la cámara por la Junta de Portavoces, no por la Mesa. A la comisión participó el PP que en julio del 2016 también llevó a votación varias propuestas de conclusiones. CSQP, con Nuet como representante a la comisión, votó contra las conclusiones de la CUP y JxSí, y las conclusiones se llevaron al pleno a través de una alteración del orden del día solicitada por los grupos independentistas.

En octubre del 2016, después del debate de política general, Nuet se opuso a vetar la votación de las resoluciones independentistas, ya que consideraba que tenía que priorizarse el derecho a la iniciativa política y la Mesa no tenía que interferir. A raíz de eso, se llevaron las resoluciones aprobadas por la CUP y JxSí en el Tribunal Constitucional (TC), que las suspendió, y la fiscalía se querelló contra algunos miembros de la Mesa, pero no contra Nuet, al considerar que no pretendía incumplir anteriores resoluciones del TC, y que habría actuado por «la errónea creencia que el control de la Mesa era meramente formal». Pero la magistrada instructora sí que lo citó como investigado.

La defensa de Nuet también recuerda que CSQP presentó una enmienda a los presupuestos del 2017 para adecuar una partida para convocar referéndums a la legalidad establecida por un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que consideraba que el referéndum unilateral era inconstitucional. CSQP votó contra el presupuesto.

En el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017, Nuet votó a favor de admitir a trámite la proposición de ley para hacer un referéndum de autodeterminación pero se abstuvo en la admisión de la Ley de Transitoriedad Jurídica. El voto a favor de la ley del referéndum se tomó dentro del grupo parlamentario de CSQP por unanimidad en «previsión de un debate largo y sustancioso en sede parlamentaria, necesario y que podía permitir la transacción o la introducción de enmiendas» para llevar la ley hacia la reforma constitucional. En cambio, la Ley de Transitoriedad Jurídica sí que la consideraron subordinada a una «realidad material y jurídica hipotética e inexistente».

Además, el escrito de defensa recuerda que Nuet y CSQP se opusieron a las dos proposiciones de ley y denunciaron las prisas de la CUP y JxSí por hacer las votaciones. Así, Nuet votó contra la alteración del orden del día, la tramitación por vía urgente y el nombramiento de la Sindicatura Electoral. El grupo se abstuvo en la ley del referéndum y se opuso a la Ley de Transitoriedad. Nuet también reclamó que el pleno se suspendiera hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronunciara y que se admitieran las enmiendas a la totalidad, así que como se reconsideraran varias decisiones.

Después del 1-O, el 4 de octubre votó contra la comparecencia del presidente Carles Puigdemont el 9 de octubre y el 27 de octubre se opuso también a la votación de la declaración de independencia.

Tanto la defensa como las dos acusaciones públicas piden que declaren como testigos los otros dos miembros de la Mesa, José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el exletrado mayor Antoni Bayona y el secretario general de la cámara, Xavier Muro. Los cuatro lo harán el miércoles por la mañana por videoconferencia. También declararán por videoconferencia Carme Forcadell y Lluís Corominas. Para el jueves será el turno de la prueba documental, la presentación de las conclusiones definitivas, el informe de cada parte y el turno por el derecho a la última palabra del acusado.