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Policial

Sindicatos de mossos denuncian el preacuerdo ERC-CUP que suspende el uso de proyectiles de foam

Critican que el cuerpo entre «en el juego político como moneda de cambio»

Tres antidisturbios de los Mossos con pistolas de foam en el centro de Barcelona.

Irídia ve «imprescindible» que Mossos identifique qué agente disparó con foam contra la chica que perdió el ojoACN

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Sindicatos de mossos han criticado el preacuerdo al cual han llegado ERC y la CUP que incluye la suspensión del uso de los proyectiles de foam mientras no se publiquen los nuevos protocolos del modelo de orden público. «Es la primera vez que para dar luz verde a una investidura el cuerpo de los Mossos d'Esquadra entra en el juego político como moneda de cambio», ha lamentado la portavoz de Sap-Fepol, Imma Viudes, a ACN. «Nos están vertiendo al cuerpo en cuerpo y si eso pasa habrá más heridos tanto de los compañeros como de los violentos y alguien tendrá que coger esta responsabilidad», apunta a David Miquel de l'SPC. «Si se busca el cuerpo en cuerpo se tendría que doblar con agentes el número de manifestantes como en Alemania y eso no se hace», ha explicado Miquel Cervelló de l'SME.
«Es la primera vez que para dar luz verde a una investidura el cuerpo de los Mossos d'Esquadra entra en el juego político como moneda de cambio», ha lamentado Viudes. Afirma que tienen «ganas» que haya un nuevo ejecutivo para poder tratar con el Departamento de Interior directamente la situación del orden público. «Necesitamos garantizar con medios técnicos y seguridad jurídica, más allá de consideraciones o injerencias jurídicas, cualquier actuación», ha añadido.

«Necesitamos poder garantizar esta distancia para preservar la seguridad de nuestros compañeros y de la gente que se manifiesta», ha explicado. En este sentido, ha alertado de que «ir al cuerpo a cuerpo tiene consecuencias mucho más lesivas que mantener la distancia». Viudes reclama que el debate se haga «de manera serena y más allá de injerencias políticas» porque considera que «cualquier debate sobre modelo policial o del orden público se tiene que hacer con el gobierno formado y sin prisas».

En el mismo sentido se ha expresado el portavoz del sindicato SPC, David Miquel. «Si nos quitan las herramientas seremos la primera policía europea sin ningún tipo de herramienta para mantener la distancia, nos están vertiendo al cuerpo a cuerpo y si eso pasa habrá más heridos tanto de mis compañeros como de los violentos y alguien tendrá que coger esa responsabilidad», ha advertido.

En caso de que eso se produzca, Miquel ya anuncia que emprenderán las acciones jurídicas que consideren oportunas porque está convencido de que «esta decisión motivará un aumento de las lesiones en el cuerpo en cuerpo». Este sindicato también ha explicado que está trabajando para conocer de qué manera pueden dejar sin efecto una resolución parlamentaria» para saber si hace falta hacer otra que lo anule o la modifique.

Por su parte, el sindicato SME ha lamentado en un comunicado que la decisión es «un grave error político que decidirán desconocedores del orden público» y se pregunta «cuáles serán las alteratives». Cervelló ha añadido que los agentes se quedarían sólo con el uso de la defensa y ha advertido de la dificultad que tendrán para defenderse si finalmente se lleva en la práctica.

«Sería una vez más al orden público», ha añadido Cervelló, que defiende que actualmente los proyectiles de foam «sólo se están utilizando con violentos». En el momento en que se limitarán las «herramientas» a los agentes, se ha preguntado si a los manifestantes violentos también se les pedirá que dejen de utilizar la violencia y los lanzamientos.

Introducir cambios en la gestión del orden público es uno de los preacuerdos a que han llegado republicanos y cupaires para poder llegar a un pacto independentista de legislatura antes del viernes. Las dos organizaciones independentistas consideran «imprescindible» un cambio en las actuaciones policiales en el orden público y acuerdan poder implementar una comisión parlamentaria de estudio sobre el modelo de orden público en Cataluña.

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