ERC y CUP pactan que en 2023 se decida si se mantiene la mesa de diálogo con el Estado

ERC y la CUP han pactado que durante la primera mitad del 2023 se valoren los trabajos de la mesa de diálogo con el Estado, se analice si ha dado sus frutos y se decida si se mantiene o se da por finalizada. Es uno de los puntos del documento de 16 páginas que la CUP ha enviado a la militancia para que esta decida si lo avala. El acuerdo con ERC también incluye una mesa de partidos y entidades independentistas para fijar una estrategia y preparar un «nuevo embate democrático» con el Estado.

Un órgano que también coordinaría los espacios existentes, como es el Consell per la República. Como ha adelantado el presidenciable Pere Aragonès, también se establece que se someta a una cuestión de confianza a medio mandato.

La CUP se compromete a dar un «cierto margen de tiempo» a la tabla de diálogo existente con el Estado y asegura que no basará su apoyo u oposición al Gobierno en función de la existencia de esta mesa. Pero también deja claro que solo formarán parte de la mesa en caso de que haya el compromiso de todas las partes «de afrontar la solución del conflicto mediante el derecho a la autodeterminación y la amnistía».

Además de someter la tabla de diálogo a una «rendición de cuentas» y evaluación continuada, el acuerdo entre ERC y la CUP establece que durante la primera mitad del 2023 se valorarán los trabajos de este órgano en caso de que se mantenga vigente. «Se analizará si el proceso de negociación ha dado sus frutos y se decidirá cuáles serán los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación», añade el documento.

Para resolver conflictos que resulten del proceso negociador con el Estado, la CUP dice que el espacio de debate estratégico se reunirá y «decidirá poner en marcha los mecanismos de solución que considere adecuados, para decidir si el proceso de negociación tiene que continuar, y como, o si tiene que ser suspendido, aplazado o cerrado».

En caso de que la tabla de diálogo no consiga la resolución política ya sea por la carencia de acuerdos o por otros motivos sobrevenidos como unas elecciones o un cambio de gobierno, la CUP y ERC se comprometen a «generar las condiciones y los acuerdos necesarios para que se pueda plantear un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada derivada de los principios de consenso estratégico y de acumulación de fuerzas sociales, priorizando la vía del referéndum de autodeterminación».

En cuanto a la mesa independentista, ERC y la CUP se comprometen a crear una «tabla de dirección estratégica» independientemente del resultado de las negociaciones de la investidura y la gobernabilidad. Una mesa con participación de los partidos y las entidades independentistas y que tiene que servir para «trazar las líneas estratégicas y preparar las condiciones para el nuevo embate con el Estado». En la mesa también se tendrá que acordar, como dice el documento, la coordinación entre todos los espacios existentes, como el Consell prr la República o la Assemblea de Càrrecs Electes. Así mismo, se establece que la mesa se tiene que convocar «cuanto antes mejor» y que tiene que quedar fuera de las «disputas del día a día más coyunturales o tácticas».

Implicación en la gobernabilidad condicionada por la concreción de los compromisos

Respecto a la implicación de la CUP en la gobernabilidad, la CUP dice que trabajará para facilitar la gobernanza en todas las cuestiones vinculadas a los compromisos adquiridos, incluyendo la estabilidad presupuestaría. Pero añaden que en todo aquello que no está referido en el acuerdo y que no se haya ido acordando en los grupos de trabajo, la CUP hará «su propia acción parlamentaria».

El documento fija que la colaboración entre ERC y los anticapitalistas se tiene que basar en la «confianza mutua, la transparencia y la claridad en el seguimiento de los compromisos adquiridos». Y añade que serán las «concreciones» de los compromisos acordados las que generarán una implicación mayor entre ambas fuerzas así como en la garantía de la gobernabilidad.

Parlament

En el ámbito del Parlament, las dos formaciones independentistas se comprometen a que la Mesa garantizará los «derechos materiales, civiles y políticos» a pesar de las «consecuencias» que esto pueda suponer. Y quieren reformar el reglamento del Parlament «para garantizar la soberanía de la cámara, la plena consecución y el blindaje de los derechos materiales, civiles y políticos, hacer efectiva la igualdad así como ser un muro contra el fascismo». El documento no dice nada sobro el artículo 24.5 del reglamento queJxCatquiere modificar y que establece la suspensión de los diputados en caso de que se les abra juicio oral por corrupción. Un artículo que podría afectar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por el caso de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Acuerdos programáticos

El documento que la CUP ha enviado a la militancia detalla los acuerdos programáticos con ERC. Y entre ellos destaca diseñar durante el 2021 un plan piloto para implementar una Renta Básica Universal «en alguna o algunas franjas de edad» y empezar a hacer las adaptaciones necesarias para ponerla en marcha. Y que el 2022 se pueda ya implementar lo que se ha acordado en políticas de rentas sociales.

En el ámbito de la vivienda se propone «modificar» el protocolo de lanzamientos judiciales y entre las medidas hay que laARROy laBRIMOde los Mossos no intervenga en desahucios de familias o personas vulnerables.

Respecto al orden público, tal como se avanzó, se establece la suspensión de las pelotas defoammientras no sea público el protocolo de uso y se añade que se exigirá un «cumplimiento estricto del protocolo y que no se vulneren los derechos fundamentales en su aplicación. Otro de las reclamaciones reiteradas de los anticapitalistas es que la Generalitat retire las acusaciones particulares contra participantes de manifestaciones sociales y políticas. El documento dice que se retirarán de todas excepto aquellas donde haya lesiones a agentes «acreditadas con certificado médico». Y para las actuaciones futuras, se fija que la personación de la Generalitat «se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si se tercia, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves».

De los acuerdos programáticos también destaca la implementación de la Banca Pública «a corto plazo»; crear el marco normativo que facilite la remunicipalización de servicios públicos como el agua; crear una energética pública para recuperar a control público la energía; la creación de la Consellería de Acción por el Clima; destinar el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria; un Plan de Estabilización de los 90.000 interinos y temporales del sector público catalán; y hacer un seguimiento durante los tres primeros meses de legislatura de los proyectosNextGenerationseleccionados como «emblemáticos».

Grupos de trabajo

El documento dibuja tres grupos de trabajo porque « la colaboración entre las dos formaciones pueda ser lo más estable y fructífera posible». Y los anticapitalistas apuntan que estos grupos podrían existir «sea cuál sea el resultado de la negociación» porque, según indican, el objetivo inicial de la propuesta seguiría vigente: concretar la mayoría independentista de izquierdas en la agenda política del país.