Acuerdo histórico para liquidar la deuda con Endesa de 35.518 familias

Generalitat, administraciones locales y Endesa anunciaron ayer un acuerdo para liquidar la deuda acumulada de los últimos seis años por pobreza energética, que son 38,7 millones de euros correspondientes a 35.518 familias. En el caso de la demarcaciónde Tarragona, las administraciones públicas y la empresa asumirán la deuda acumulada durante este periodo de 3.360 familias, que asciende a un total de 3.375.526 euros.

El acuerdo, que parte de la ley de pobreza energética del 2015, establece que Endesa asumirá los 17,5 millones de euros del 2015 al 2018 y la mitad de los 21,3 millones de euros de los años 2019 y 2020. De los 10,6 millones de euros restantes el 75% los asumirá la Generalitat y el 25% las administraciones locales. El coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero del 2021, se asumirá al 50%. La compañía suministradora se compromete a informar y aplicar el bono social y renunciar a hacer reclamaciones de la deuda.

La firma comporta la cancelación total de la deuda acumulada entre el 2015 y el 31 de diciembre de 2020 para las personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial, que asciende exactamente a 38.793.524 euros. Todos los representantes políticos, empresariales y sociales que participaron en la presentación del acuerdo lo valoraron muy positivamente.

El consellerde Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani destacó que el acuerdo «aporta seguridad jurídica a los ayuntamientos, en las empresas, a la Generalitat, pero por encima de todo a las familias vulnerables». A partir de ahora empieza una fase de revisión de las cifras presentadas por Endesa y posteriormente, en torno al verano, se notificará a las familias que se ha eliminado la deuda que tenían.

«Ahora mismo cualquier familia que estuviera preocupada porque tiene una deuda por si le cortaban la luz, si recibía reclamaciones, si estaba en un listado de morosos que le dificultaba la vida diaria, con el acuerdo saldrá de las listas de morosos, no se tendrá que preocupar de que la puedan judicializar y tendrá este respiro y tranquilidad que es lo que es esencial», destacaba El Homrani.

Endesa no reclamará

El conseller explicó que Endesa renuncia a toda nueva acción de reclamación vía jurídica o mediante otros procedimientos de recobro de la deuda. También se compromete a ofrecer a las personas con riesgo de exclusión un servicio de calidad adaptado a sus capacidades, por ejemplo llevando a cabo auditorías energéticas gratuitas para mejorar la eficiencia energética de los hogares de las personas vulnerables.

Endesa pasará en todos a los clientes con informe emitido por los servicios sociales, donde se acredite la situación de exclusión residencial, a la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) para que puedan tener la máxima protección, ya que es el sistema de fijación del precio de la luz implantado por el gobierno para clientes de mercado regulado e indispensable para poder acogerse en el bono social.

El acuerdo incluye el compromiso de garantizar el suministro eléctrico básico a las personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial que estén domiciliadas en una vivienda. Los servicios sociales municipales tendrán que hacer un documento acreditativo y se tendrá que aportar el certificado de empadronamiento vigente y el boletín de reconocimiento de instalación eléctrica asegurando que es segura. Endesa realizará un contrato temporal y extraordinario en PVPC, por un año prorrogable y de una potencia máxima de 3 kW.

En el transcurso del acto, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, señaló que, «hoy afianzamos el apoyo de nuestra institución al gobierno de la Generalitat, a los municipios y, sobre todo, a las familias que están viviendo momentos de dificultad». Según indicó Noemí Llauradó este apoyo responde a nuestra «vocación de servicio y a la voluntad de ser útiles a la ciudadanía». Llauradó añadió que, aunque la tarea de la Diputación se suele asociar a los servicio en los pueblos pequeños, el protocolo firmado pretende combatir una problemática que afecta en buena parte en las ciudades, y, en este sentido, la demarcación de Tarragona incluye la segunda área metropolitana del país.