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Cataluña recibe una nueva entrega de los 'Papeles de Salamanca' pero denuncia que el Ministerio no devuelve todos los documentos

El Gobierno y la Comisión de la Dignidad interpondrán un recurso para que el gobierno español cumpla la sentencia

La jefa del Servicio de Coordinación del Archivo Nacional de Cataluña, Àngels Bernal, y uno de los archiveros repasando los documentos confiscados en Cataluña el 1939, correspondientes a la séptima entrega de los 'Papeles de Salamanca'.

Cataluña recibe una nueva entrega de los 'Papeles de Salamanca' pero denuncia que el Ministerio no devuelve todos los documentos

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El Archivo Nacional de Cataluña ha recibido este sábado a la séptima entrega de los conocidos como 'Papeles de Salamanca', la documentación expoliada en 1939 por las fuerzas franquistas. En las 45 cajas que han llegado, hay documentos que se confiscaron a personas físicas y jurídicas, es decir, documentación que se puede considerar de titularidad privada y no institucional. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, y el presidente de la Comisión de la Dignidad, Pep Cruanyes, han lamentado que todavía faltan documentos y han denunciado que el Ministerio de Cultura «incumple» la sentencia que lo obliga a devolver los papeles acordados. Por eso han anunciado que interpondrán un recurso para la ejecución de la sentencia que dio la razón a la Generalitat.
Los archivistas han ido abriendo las cajas que han llegado este sábado en el Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès, y han ido descubriendo carnés, hojas de afiliación o fichas de socios. También hay banderas, como la de Socoros Roig Internacional, del comité local de Gandesa, o la de la Alianza Nacional de la Mujer Joven.

Esta entrega es exclusivamente de documentación privada y se compone de 26 fondos documentales (8 de entidades y asociaciones, 9 de particulares y empresas, y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad que en total se corresponden a un volumen de 25.602 imágenes digitales.

Corresponden a organizaciones profesionales, sindicatos, cooperativas, entidades sociales y entidades asistenciales y religiosas de toda Cataluña. También, a personas y familias. El Archivo Nacional de Cataluña es el encargado de la restitución material de los documentos a los titulares legítimos y realizará los trabajos necesarios para identificarlos y localizarlos.

El Departamento de Cultura y la Comisión de la Dignidad han lamentado los incumplimientos del estado español de la sentencia de la Audiencia Nacional del 2015, que lo obliga a devolver toda la documentación acordada por la Comisión Mixta, y que el Tribunal Supremo ratificó en el 2019.

«Hoy tenía que ser un día en que tenía que llegar todo el resto de la documentación de los particulares que había en Salamanca y tristemente hoy no es este día», ha lamentado Cruanyes. Ponsa ha destacado que es «un día importante» para Cataluña pero ha criticado: «Se hace extraño que después de más de 80 años de la confiscación de estos papeles todavía los estemos reivindicando. Eso no tendría que pasar en un estado democrático y que se vanagloria de serlo».

El presidente de la Comisión de la Dignidad ha cargado en la misma línea: Si este estado quiere ser un estado democrático, no tiene que esperar 83 años desde que se produjo la requisa para restituir. Si tiene tantos inconvenientes y pone tantas pegas, es que realmente no se creen ni la memoria ni el derecho de restitución de un acto hecho por una dictadura».

«Todavía ahora estamos haciendo reuniones sobre lo que se tiene que devolver. Eso es una burla. Pidamos que lo devuelvan todo de una vez y se acabe este capítulo que ha durado demasiados años», ha añadido Cruanyes, que ha querido dejar claro: «La memoria no es una cuestión simbólica, sino la restitución de las víctimas».

Vía judicial

La Comisión de la Dignidad ha confirmado que presentará un recurso para la ejecución de la sentencia que obliga al Ministerio a retornar la documentación acordada, después de interponer hace dos meses un requerimiento previo, que era el paso previo para poner en marcha la vía judicial. Ponsa ha anunciado que el recurso será conjunto con el Gobierno.

Desde la sentencia, la Generalitat y la Comisión de la Dignidad han reclamado por diferentes vías el retorno de los documentos privados. También siguen trabajando para completar la restitución de los 'Papeles de Salamanca', con documentación institucional de la Generalitat retenida en los archivos de Ávila y de Salamanca, los fondos de los ayuntamientos y de orden público de justicia de la Generalitat y los de la mampostería catalana. Se trata de una documentación pública que el restablecimiento de la Generalitat preveía recuperar, tal como establece la Ley de restitución.

La Comisión de la Dignidad, que se creó en el 2002 y movilizó familias, entidades de memoria y buena parte de los partidos, sindicatos y entidades expoliadas, va consiguiendo que las Corts españolas aprobaran la Ley de restitución a la Generalitat de los documentos confiscados en la Guerra Civil. El retorno de los 'Papeles de Salamanca', sin embargo, todavía no se ha completado.

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