Salut tiene 10 días para que la tasa de vacunación de policías nacionales y guardias civiles alcance la de mossos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da 10 días al Departament de Salut para que la tasa de vacunación de policías nacionales y guardias civiles que prestan servicio en Cataluña alcance la que tienen los mossos d'esquadra. El TSJC acepta así la medida cautelar solicitada por el sindicato JUPOL y la asociación JUICIL, que denunciaban que no se estaba vacunando a los agentes de los dos cuerpos estatales.

En la resolución, el TSJC insta a Salut a que «sin ninguna excusa garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación contra la covid» a los cuerpos de seguridad estatales. Salut tendrá que informar al tribunal sobre la ejecución de la medida pasados dos días del plazo de diez días para vacunar.

JUPOLyJUICILimpugnaron la «alteración» por parte del Departament de Salut del plan de vacunación contra la covid-19 asegurando que se habían excluido los policías nacionales y los guardias civiles. Por eso, pedían al TSJC que aceptara la medida cautelar de emitir un pronunciamiento que llevara de inmediato a la vacunación de estos agentes. La fiscalía se ha adherido a la petición de la medida cautelar.

Según la resolución del tribunal, Salut asegura que se están vacunando policías nacionales y guardias civiles de entre 60 y 65 años y defensa que no se está produciendo ningún trato discriminatorio. El conseller de Interior, MiquelSàmper, afirmó el pasado domingo que lo que había habido era un problema con el censo.

Aun así, el tribunal considera «elocuentes» las cifras de vacunación que constan al informe facilitado por Salut, donde se indica que a 24 de marzo se habían vacunado el 77% de los mossos, el 68,9% de los agentes de las policías locales y el 77,9% de los de la Guardia Urbana de Barcelona. En cambio, los efectivos de la Policía Nacionalvaccinatseran el 3,6% y los de la Guardia Civil el 2,8%. El 22 de abril, los porcentajes eran del 80,3%, el 71,2%, el 79,1%, el 9,9% y el 6,3%, respectivamente.

El tribunal añade que la demora en la vacunación de los cuerpos de seguridad en activo puede situar estos funcionarios en situación de riesgo para su salud, incluso «riesgo grave e irreparable», por encima de otros colectivos. A la espera que se analice el fondo de la cuestión, defiende aceptar la medida cautelar por el riesgo que supondría esperar a finales del proceso y considera que hay «una apariencia de discriminación en perjuicio de los funcionarios delCNPy de laGC», sustentada por las cifras de vacunación.

El tribunal defiende también que la aplicación de esta medida cautelar no tiene porque traducirse en un perjuicio para otros colectivos. «Más si tenemos en cuenta las nuevas remesas de dosis de vacuna y el hecho que el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña es reducido», manifiesta. Concluye que «no parece razonable» que habiendo vacunado a la mayoría de los agentes de los mossos y policías locales, «se continúe relegando a los miembros delCNPy laGC».

El Departament de Salut dispone también de cinco días para comunicar al TSJC el cargo y los datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la resolución.