Prisión sin fianza para ocho integrantes de la red que falsificaba carnets de conducir

La cúpula de la trama, defendida por los abogados Sergio Noguero, Carles Monguilod y Natàlia Frigola, se han acogido al derecho a no declarar y sólo han respondido a preguntas de las defensas relacionadas con el arraigo. La causa, que consta de nueve volúmenes y más de 6.000 folios, ha estado bajo secreto de sumario hasta las dos de la tarde, una hora antes de empezar el paso a disposición judicial.

Atendiendo a la petición del fiscal Víctor Pillado, el juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho de los investigados. Otros seis, han salido en libertad. La investigación identifica un entramado criminal perfectamente organizado y jerarquizado.

En lo alto de la cúpula, estaría el informático que empezó a trabajar, a través de una empresa externa, en la prefecturade Tráfico de Gerona en septiembre del 2019. Desde un buen inicio, ya «empezó la tramitación fraudulenta de permisos de conducir» con un carné «adjudicado a su madre». Según la investigación, se encargaba de elaborar los permisos fraudulentos junto con su pareja, también detenida en el domicilio de Sant Feliu de Guíxols donde los investigadores encontraron unos 65.000 euros.

En un segundo nivel del entramado criminal, la instrucción sitúa a los intermediarios, entre ellos lo que sería la «mano derecha» del informático, arrestado en Quart. A este intermediario, apunta la investigación, ya lo pillaron con unos 100.000 euros en el coche en un control y, después, contactó con un amigo a quien ofreció 30.000 euros a cambio de un contrato de crédito falso para recuperarlos. Los intermediarios contaban, a su vez, con «lugartenientes» que hacían de captadores de clientes, uno de ellos en las comarcas gerundenses y el segundo en la zona de Vic.

El tercer grupo de investigados son los llamados«administrativos». Según la investigación, utilizaban locutorios para recibir el dinero de los clientes o de los intermediarios, así como la documentación necesaria para hacer los permisos de conducir fraudulentos. Durante el registro en el locutorio de la calle de la Funciona localizaron documentación relacionada con los carnés.

Finalmente, estaría el conjunto de clientes que pagaron entre 4.500 y 15.000 euros para conseguir los permisos de conducir. La instrucción identifica 1.845 gestiones fraudulentas que se tradujeron en 901 carnés falsificados. En algunos casos, se han expedido permisos simulando convalidaciones de permisos de países que no tienen convenio con España, en otras ocasiones los conductores han recuperado puntos sin seguir el canal oficial y legal y también hay conductores que han conseguir un carné que no se habían sacado nunca. Las tarifas serían 4.500 para recuperar puntos, 6.000 porun carnet de conducir nuevo y 15.000 porun permiso de camión.

Además, el juzgado también ha enviado a la prisión a los suegros del informático porque considera que, dentro del entramado criminal, se dedicaban a blanquear dinero. De hecho, en su casa en Sant Feliu de Guíxols está donde encontraron más de 500.000 euros en cajas fuertes que atribuyen a la actividad delictiva.

Según la investigación, se encargaban de almacenar los beneficios del fraude y transformarlos en «dinero lícito» a través de varias operaciones, como inversiones en bolsa, contratos de crédito, adquisiciones de bienes, reformas de viviendas, transferencias bancarias o la compra de criptomoneda. Los investigadores también han detectado que el suegro tenía un carnet de conducir fraudulento.

El origen de la investigación

A finales de junio del 2020, los Mossos d'Esquadra identificaron un conductor que llevaba un carné aparentemente oficial. Enseguida sospecharon que «no se ajustaba a la realidad» porque lo habían detenido hacía poco tiempo porun delito contra la seguridad vial por circular sin permiso. A partir de aquí, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos abrió una investigación y descubrieron que era un carné fraudulento, simulando la convalidación de un permiso de conducir que las autoridades francesas no habían expedido nunca.

Eso hizo sospechar que no se trataba de un hecho «aislado» y empezó la investigación conjunta con la Policía Nacional para destapar la presunta red que actuaba en diferentes provincias del Estado. De esta manera detectaron que, hasta febrero del 2021, se hicieron 1.845 tramitaciones o consultas fraudulentos en la base de datos de la DGT a través de diferentes ordenadores. La investigación no se da por cerrada y no se descarta que pueda haber más casos.

Riesgo de huida y criptomonedas

El fiscal ha solicitado el ingreso en la prisión de estos sospechosos teniendo en cuenta el riesgo de huida y las penas de prisión elevadas a las cuales se pueden enfrentar (un mínimo de 12 años y 9 meses). Además, Pillado también subraya que los investigados podrían tener mucho más dinero oculto que los intervenidos, y que eso facilitaría que huyeran en el extranjero.

Las vigilancias y las escuchas al informático y a su pareja también han permitido constatar que el entramado criminal había comprado criptomoneda por valor de 500.000 euros, que hasta el momento no se ha podido recuperar: «Eso evidencia una capacidad económica brutal, ante el poco arraigoque tienen los investigados en el territorio nacional, que podría hacer que utilizaran esta primordial monetaria para huir inmediatamente de la justicia».

Durante el macrooperativo desplegado el martes a primera hora de la mañana, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional hicieron una quincena de entradas y cacheos en poblaciones de las comarcas gerundenses (Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart y Gerona) y a Vic.

Prisión «innecesaria»

Los abogados de la defensa de seis investigados (uno de los cuales, la madre del informático, ha salido en libertad y los otros cinco han entrado a prisión), Sergio Noguero y Carles Monguilod, han afirmado que, aunque los delitos atribuidos a la trama son «muy graves», los indicios no son «base suficiente» para justificar el ingreso en la prisión: «La prisión es innecesaria».

En este sentido, han concretado que al informático le atribuyen delitos cometidos por funcionario público cuando estaba «subcontratado» por una empresa. Eso, apuntan, reduciría las penas a las cuales se puede enfrentar.

Noguero también ha apuntado que a los suegros del informático los implican en la trama porel dinero localizado en su casa: «Son unos calers que estaban en la habitación de su hija y que ellos no sabían que estaban». Ahora, una vez levantado el secreto de sumario, analizarán el contenido de la instrucción y estudiarán la posibilidad de presentar recurso al auto de prisión del juzgado.