Diari Més

Archivada una investigación secreta sobre la supuesta injerencia rusa a favor del 1-O

Fiscalía y tribunal no ven indicios de delito y dicen que el confidente policial se basa en noticias periodísticas

Imagen de la urna correspondiente al 'Plan|Plano B' del referéndum del 1-O.

Los organizadores del 1-O tenían urnas alternativas por si la policía interceptaba las originalesLluís Puig

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La Audiencia Nacional ha archivado la causa sobre la supuesta presencia de espías rusos en Cataluña poco antes del referéndum del 1-O, al no encontrar indicios mínimos de delito. El sumario, instruido y cerrado en secreto, revela que el paso por Barcelona de un general de la inteligencia militar rusa era sólo una pata de una investigación más amplia impulsada por la Policía Nacional y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Rusia con activistas del proceso. Según ha informado eldiario.es y han confirmado fuentes jurídicas a ACN, el sumario 86/19 fue abierto por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el noviembre del 2019 y archivado en julio de 2020, hace más de nueve meses, sin que haya trascendido hasta ahora.

El origen del caso es un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, fechado el 28 de octubre de 2019, alertando de la supuesta injerencia rusa en el 1-O y solicitando la apertura de diligencias. Nueve meses después, en julio de 2020, el juzgado dictó un auto de archivamiento de las actuaciones de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un duro escrito de su teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, se reprocha a los agentes que en este tiempo sólo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces a informaciones de medios de comunicación. Carballo se opone a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivamiento de la causa. «Nada se aporta por la vía policial que permita mantener abierta esta investigación, a menos que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, este tipo de investigaciones están prohibidas», dice el informe de Carballo.

En noviembre del 2019, El País reveló la apertura de una investigación secreta por la presencia en Cataluña el 29 de septiembre de 2017 de Sergei Fedotov, que parece el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa (GRU). No trascendió nada entonces sobre que las indagaciones apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en connivencia con los rusos. La noticia de la investigación de la Audiencia Nacional estuvo seguida de otros sobre las misiones en Europa occidental de la Unidad 29155 del GRU, que incluían la eliminación física de adversarios del Kremlin.

La clave en la apertura de la investigación está en el testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y después al juzgado, la información ya publicada por el portal ruso Bellingcat, así como otra desconocida y, sobre todo, la supuesta conexión de todo eso con el independentismo catalán. El confidente ofreció una serie de nombres de conocidos activistas del proceso, entre los cuales destaca el empresario Oriol Soler, imputado desde finales del 2019 en una causa en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en que trabaja la Guardia Civil. Al empresario, próximo a ERC, se le atribuyen diferentes delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del proceso soberanista y, concretamente, de Tsunami Democràtic. Pero los hechos a los cuales se refería el confidente policial son otros. Se remontan a momentos previos y también posteriores al referéndum de 2017 y son, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, actuaciones sin aspecto de ilegalidad que además han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación.

Una de las informaciones que aportó la policía a la Audiencia Nacional en el caso de las supuestas injerencias rusas es la visita que Soler hizo a Julian Assange el 9 de noviembre de 2017, en su entonces refugio de la Embajada del Ecuador en Londres. Aquel viaje se enmarcó en una gira de Soler por varios lugaresdel mundo en relación con el proceso, incluido Rusia. Se da la circunstancia que la Guardia Civil también vincula Soler con «una estrategia de desinformación y desestabilización» en que participaría en el Kremlin, «como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea cerca del colapso».

En la investigación de la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía presentó el pasado verano el informe que critica la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En él, los agentes solicitaban autorización judicial para acceder al tráfico de llamadas de varios individuos, así como al fichero de titularidades financieras de cuatro personas físicas y jurídicas. El ministerio público se opuso y pidió el archivamiento, acordado después por el juzgado de acuerdo con los argumentos de la fiscalía.

Según relata el fiscal, el confidente narró «una compleja trama de injerencia orquestada por Rusia que habría interferido mediante un software específico para la manipulación de las redes sociales al llamado referéndum soberanista catalán del primero de octubre de 2017». Uno de los catalanes señalados por el testigo habría contribuido a la desconexión de un programa de protección y, a partir de aquí, se identificaron 2.200 cuentas falsas dedicadas a desacreditar el gobierno de España, a PP y a PSOE. Estas cuentas habrían difundido asimismo que el Estado español mantenía actitudes «fascistas y violentas», al mismo tiempo que denunciaba «una supuesta brutal represión por parte de España» al separatismo catalán.

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