Instrucción 13 cita otra vez altos cargos del Govern procesados por el 1-O por orden de la Audiencia

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a declarar a la treintena de altos cargos de la Generalitat, actuales y anteriores, investigados por la organización del 1-O. Lo harán después de que hace unas semanas la Audiencia de Barcelona ordenara interrogarles por resoluciones del Tribunal Constitucional que se incluyeron al procedimiento al resolverse recursos de reforma y apelación más tarde de su procesamiento y por hechos por los que no habían sido interrogados. Entre los citados está Natàlia Garriga, exalto cargo de Economía y actual consellera de Cultura, cosa que la convierte en aforada y, por lo tanto, sólo tendría que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Las declaraciones están previstas para los días 8, 15 y 21 de junio próximos. La citación es para 28 personas, entre altos cargos de la Generalitat, empresarios, informáticos y otros, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Entre los cargos más conocidos hay los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, y otros como Albert Royo, Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Pablo Raventós, Núria Llorach o Ignasi Genovès.

La Audiencia, a pesar de ordenar las nuevas declaraciones, mantuvo intacto el auto de conclusión de sumario dictado el 8 de septiembre de 2020 por la magistrada titular del juzgado. Además, el tribunal ordena transcribir las declaraciones de investigados y testigos a instrucción y confirma el archivamiento de la causa contra 19 personas inicialmente investigadas.

En esta fase la Audiencia sólo puede examinar la adecuación de los hechos y los tipos penales tal como están en los autos de procesamiento de instrucción y las resoluciones que lo integran, es decir, de los autos de 4 de abril de 2019, 6 junio de 2019, 25 de noviembre de 2019 y 8 de septiembre de 2020. En esta fase procesal, inmediatamente anterior a la celebración de juicio, el tribunal no puede conocer sobre el fondo del asunto, su análisis es de adecuación formal y jurídica de lo que contienen resoluciones ya dictadas.

Además de las peticiones realizadas por la Abogacía del Estado, y pedidas por el tribunal, también el resto de partes trasladaron a la sala su posición con respecto al escrito de conclusión de sumario. En esencia, la fiscalía interesó a su revocación con el fin de ampliar los procesamientos; transcribir las declaraciones prestadas en sede judicial por investigados, procesados o no, y por testigos; transcripción literal de conversaciones telefónicas incorporadas a la causa; incorporar documentación de la causa por el 1-O de un procesado que inicialmente lo estuvo en Instrucción 13 y posteriormente en la sala de lo civil y penal del TSJC al obtener el aforo que obligaba al cambio de órgano competente; y documentación de Mossos d'Esquadra. La acusación popular de Vox, por su parte, mostró su conformidad con el auto de conclusión de sumario. Las defensas de los procesados interesaron al sobreseimiento de la causa «para considerar bien que los hechos no son constitutivos de delito, bien que no concurren indicios de la participación de los procesados».

Respecto de las peticiones de fiscalía, la Audiencia dictaminó que tres procesados sean preguntados por un aspecto concreto no incluido en el auto de procesamiento; la transcripción de declaraciones de investigados procesados y testigos con el fin de favorecer la gestión de la causa, no así de las conversaciones telefónicas, que podrán ser propuestas como prueba y será entonces cuando se admitan o no y sean utilizadas en vista pública debidamente referenciadas aunque no transcritas. El tribunal desestima la petición de información procedente de la causa en el TSJC y sí que considera oportuna la petición de una concreta referencia documental a los Mossos d'Esquadra.

La sección 21 desestimó las peticiones de sobreseimiento realizadas por las defensas de investigados procesados porque, en directa referencia a las exigencias que recoge la LeCrim, «en este momento, no es competencia del tribunal proceder nuevamente a la revisión de las resoluciones dictadas en fase de instrucción». No obstante, en relación a los investigados no procesados, sí ha considerado la sala que procede su sobreseimiento provisional. «No tiene ningún sentido esperar que se devuelva nuevamente la causa por parte de Instrucción 13 para acordar y diferir en el tiempo una situación procesal que procederá en cualquier caso y con independencia de la puntual revocación para cuando ya se ha constatado durante la investigación de los hechos por los cuales han sido investigados, la ausencia de indicios de criminalidad en relación».