El Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa pide a España que libere a los presos independentistas y retire las euroórdenes

Por otra parte, el Comité reclama en España que retire la acusación contra el resto de cargos de abajo rango en la causa del 1-O. «También que se abstengan de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que sólo expresan su solidaridad con los detenidos», dice el texto, en referencia al expresidente Quim Torra.

Además, cree que sólo se puede condenar por malversación de fondos cuando se puedan cuantificar las pérdidas reales» para el Estado.

Igualmente, la resolución insta al estado a abrir «un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Catalunya, incluido los que se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española».

Finalmente, el comité remarca «como a punto positivo» que los tribunales españoles absolvieran al jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, así como otros miembros de la sindicatura electoral del 1-O.

El diputado socialista letón, Boriss Cilevics, ha realizado el informe durante un año y medio durante el cual ha visitado Madrid y Barcelona. La resolución llamada '¿Los políticos tendrían que ser procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?' también habla sobre la situación en Turquía.

No aclara si son presos políticos

La resolución aprobada al Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa reconoce que España «es una democracia viva» donde «la mera expresión de visiones independentistas no da pie a una persecución penal». También respeta «la independencia de los tribunales españoles» a la hora de resolver los recursos pendientes.

«Aúnasí, varios políticos catalanes han sido acusados y condenados a largas penas de prisión por delitos de sedición y, entre otros, por declaraciones hechas durante el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional (...) y por llamara la participación en las protestas masivas entorno a este acto», dice el texto, que no dice explícitamente que los condenados del 1-O sean presos políticos. Tampoco que lo sean.

La resolución sólo recuerda que se consideran presos políticos «los políticos detenidos por haber hecho declaraciones en el ejercicio de sus mandatos políticos que respeten los límites de libertad de expresión».

«No se protegen los discursos de odio que toleren la violencia contra personas o grupos por motivos de raza, origen, religión u opiniones políticas, así como los llamamientos al derrocamiento violento de las instituciones democráticas», puntualiza el informe.

Celebran el debate de la sedición

El Comité de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos celebra que en España haya «un debate intenso» sobre los delitos de rebelión y sedición. Destacan que hay «dudas» sobre su aplicación para casos de «protestas pacíficas»

«Eso ha requerido interpretaciones innovadoras, como la noción de «violencia sin violencia» desarrollada por la fiscalía, según la cual el grannúmero de manifestantes ejercían coacción psicológica sobre los agentes de policía que los estaban enfrentando, y de un significado muy amplio dado al término «insurrección tumultuosa», apunta el texto.

La visión del ponente

En una nota explanatòria, el ponente que ha elaborado el informe cuestiona que los presos sean «los autores de un levantamiento tumultuoso sólo por su cuenta». «Si las protestas masivas como tales son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión y reunión, como dice el Tribunal Supremo, entonces esperaría que eso se aplique también en aquellos que organizaron y convocaron estas protestas», remacha Cilevics.

Así, considera que la interpretación que ha hecho el Supremo del delito de sedición «podría penalizar la organización de protestas pacíficas». «El tribunal de Estrasburgo tendrá la última palabra al respecto», concluye.